Los partidos no caen solos: los derriba el hartazgo social

La corrupción mexicana forma parte de una historia política en la que el poder, los intereses económicos, las relaciones personales, el clientelismo y la impunidad han convivido durante generaciones. Ha cambiado de nombres, mecanismos, discursos y beneficiarios, pero ha demostrado una extraordinaria capacidad para sobrevivir a los cambios de gobierno.

Para entenderlo hay que mirar mucho más atrás que el sexenio de López Obrador.

La corrupción también forma parte de nuestra historia política

La historia de la corrupción en México no comienza con el PRI ni con la Revolución mexicana. Sus antecedentes pueden rastrearse desde el orden colonial, cuando los cargos públicos, las redes de privilegios y las relaciones entre autoridades y grupos económicos formaban parte de una estructura profundamente desigual.

Durante el siglo XIX, las guerras, los cambios de régimen y la fragilidad institucional tampoco ayudaron a establecer una administración pública sólida, sometida a controles efectivos.

El Porfiriato combinó crecimiento económico y modernización con concentración de riqueza, favoritismo y relaciones privilegiadas entre el poder político y los negocios. La Revolución prometió transformar ese orden, pero la construcción del nuevo Estado tampoco estuvo libre de las prácticas que supuestamente buscaba desterrar.

La investigación histórica publicada por la UNAM y El Colegio de México en 2025, *La corrupción en México. Tramas y temas en el siglo XX*, coordinada por Elisa Speckman Guerra y Pablo Yankelevich, documenta precisamente esa continuidad: desde el Porfiriato tardío hasta la consolidación del régimen posrevolucionario. Entre las prácticas estudiadas aparecen el peculado, el soborno, la mordida y el tráfico de influencias.

La corrupción no era solamente el comportamiento deshonesto de algunos funcionarios. En distintos momentos también funcionó como una herramienta para administrar lealtades, repartir beneficios y mantener equilibrios políticos.

El sistema que convirtió el poder en una red de privilegios

Después de la Revolución, México necesitaba reconstruir sus instituciones y contener las disputas entre los grupos armados que habían participado en ella. En ese contexto se consolidó un sistema político que terminaría concentrando enormes facultades en el Poder Ejecutivo.

La creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, antecedente del PRI, fue decisiva. El partido se convirtió en el mecanismo para organizar a las distintas fuerzas políticas y canalizar sus disputas dentro de una estructura encabezada por la Presidencia.

Durante décadas, el partido hegemónico controló la Presidencia y mantuvo mayorías legislativas. Las decisiones fundamentales se procesaban dentro del propio sistema político, con contrapesos institucionales limitados. La lealtad al presidente, las relaciones personales, las cuotas de poder y el reparto de posiciones públicas fueron componentes importantes de aquella maquinaria.

El acceso al presupuesto, los contratos, las concesiones y los cargos públicos podía convertirse en una moneda de intercambio político. Y cuando las instituciones encargadas de vigilar al poder dependían del propio poder, las posibilidades de investigar y sancionar eran necesariamente limitadas.

La corrupción no era solamente una suma de actos individuales: también estaba relacionada con la manera en que se organizaba y ejercía el poder.

Los partidos no caen solos: los derriba el hartazgo

Aquí hay una lección de nuestra historia que la oposición parece haber olvidado: los partidos no pierden el poder necesariamente porque aparezca una alternativa extraordinaria. Muchas veces lo pierden porque la sociedad deja de creer en ellos.

El PRI no perdió la Presidencia en el año 2000 de un día para otro. Su derrota fue resultado de un largo proceso de erosión política. La crisis económica de los años ochenta, las elecciones cuestionadas de 1988, la fractura interna del priismo, el levantamiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el creciente desgaste de un sistema que había confundido gobernabilidad con control político fueron parte de ese proceso.

La alternancia encabezada por Vicente Fox representó un cambio histórico. Después de más de siete décadas de gobiernos priistas, otro partido llegó a la Presidencia. Había una enorme expectativa: se esperaba que el cambio electoral trajera consigo una transformación de las prácticas políticas.

Pero cambiar de partido no significó desmantelar las redes de intereses, las relaciones de privilegio ni las debilidades institucionales heredadas.

Los gobiernos panistas tuvieron avances importantes en transparencia y acceso a la información, pero también enfrentaron cuestionamientos por conflictos de interés, contratos públicos, opacidad y presuntos actos de corrupción. La alternancia abrió espacios democráticos, pero no eliminó las condiciones que permitían que el poder público fuera utilizado en beneficio de intereses particulares.

En 2012, el PRI regresó a Los Pinos con Enrique Peña Nieto. Su gobierno quedó marcado por escándalos como la Casa Blanca, la Estafa Maestra y las investigaciones sobre Odebrecht, además de graves cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y los mecanismos de contratación.

El regreso del PRI no significó una recuperación definitiva de la confianza ciudadana. Por el contrario, el descrédito se profundizó.

En 2018, Morena capitalizó ese hartazgo. Su victoria no puede explicarse únicamente por el discurso de López Obrador o por la capacidad electoral de su movimiento. También fue consecuencia del desgaste de los partidos tradicionales, de la percepción de impunidad, de la violencia, de la desigualdad y de la sensación de que la democracia electoral no había transformado sustancialmente la vida de millones de mexicanos.

Morena no inventó ese descontento: lo interpretó, lo organizó y lo convirtió en una victoria electoral.

La paradoja de Morena: llegar prometiendo romper con el pasado

Aquí aparece una de las grandes contradicciones de la política mexicana.

Morena llegó al poder prometiendo terminar con un sistema que había producido corrupción e impunidad. Sin embargo, lo hizo dentro del mismo Estado, con instituciones, burocracias, prácticas políticas y redes de intereses que no desaparecieron con el resultado electoral.

Ganar una elección no equivale a transformar una cultura institucional. Tampoco significa que quienes llegan al poder estén vacunados contra las prácticas que denunciaron.

La promesa de combatir la corrupción se convirtió en uno de los pilares del proyecto político de Morena. Por eso, sus actuaciones deben examinarse con el mismo rigor con el que se juzgaron las de sus antecesores.

No basta con denunciar la corrupción del pasado mientras se minimizan los señalamientos del presente. Tampoco basta con argumentar que los problemas actuales son herencia de administraciones anteriores. Gobernar implica asumir responsabilidades propias.

La corrupción debe investigarse donde ocurra, sin importar el partido, el apellido o la cercanía con el presidente. Si existen contratos irregulares, enriquecimiento inexplicable, tráfico de influencias, desvíos de recursos o redes de protección, deben documentarse y sancionarse.

No hay transformación política que justifique la impunidad.

Y el problema no se limita a los grandes escándalos nacionales. También aparece cuando un policía exige dinero para evitar una multa, cuando un trámite depende de un intermediario, cuando una licencia se consigue mediante un favor o cuando un contrato público se asigna sin competencia real.

Es una red de prácticas que deteriora la confianza, encarece la vida, distorsiona la economía y termina castigando especialmente a quienes tienen menos recursos para defenderse.

El hartazgo que llevó a Morena al poder también puede alcanzar a Morena

Hay una segunda lección que merece atención: ningún partido es dueño permanente de la voluntad popular.

El PRI gobernó durante décadas y llegó a considerar natural su permanencia. El PAN consiguió la alternancia y tampoco logró conservar indefinidamente la confianza ciudadana. El PRI regresó al poder y terminó enfrentando un descrédito que abrió la puerta a Morena.

La historia no es una sucesión automática de gobiernos ni significa que todos los casos sean iguales. Cada administración tiene sus circunstancias, sus responsabilidades y sus resultados. Pero hay un mecanismo político que se repite: las expectativas que acompañan a un gobierno pueden convertirse en decepción cuando la ciudadanía considera que sus promesas no se cumplen.

El voto no es una herencia, ni una propiedad, ni un cheque en blanco. Es una forma de confianza que puede renovarse o erosionarse con el ejercicio del poder.

Lo que hoy ocurre con Morena debe analizarse dentro de esa misma lógica histórica. El partido que llegó capitalizando el hartazgo contra el PRI y el PAN también está sujeto al desgaste que produce gobernar. Si sus prácticas terminan reproduciendo aquello que prometió combatir, si la corrupción queda sin consecuencias, si la inseguridad y la desigualdad persisten o si las instituciones se debilitan, la legitimidad obtenida en las urnas puede erosionarse.

Esto no significa anticipar una derrota electoral. Significa reconocer que ningún partido está a salvo de las consecuencias de su propio ejercicio del poder.

Los partidos no caen solos. Caen cuando las promesas dejan de convencer, cuando los agravios se acumulan, cuando la distancia entre el discurso y la realidad se vuelve demasiado grande y cuando la sociedad deja de concederles legitimidad.

La oposición también tiene que hacerse cargo de su historia

La oposición tiene todo el derecho y la responsabilidad de denunciar los actos de corrupción del gobierno actual. La vigilancia del poder es indispensable en una democracia. Pero si su explicación del problema consiste en afirmar que todo comenzó con Morena, está renunciando a comprender la dimensión histórica del país que pretende gobernar.

No basta con recordar los escándalos del pasado reciente, ni con exhibir los errores del gobierno en turno. Tampoco alcanza con ofrecer el regreso a un modelo político que ya perdió la confianza de millones de ciudadanos.

El desafío es explicar cómo se construyeron las redes de privilegios, por qué las instituciones no consiguieron frenarlas, cómo se reproduce la impunidad y qué mecanismos concretos permitirían impedir que cualquier gobierno vuelva a utilizarlas.

Eso exige hablar de fiscalías independientes, transparencia efectiva, compras públicas abiertas, rendición de cuentas, protección a denunciantes, auditorías con consecuencias y un Poder Judicial capaz de actuar sin subordinación política.

Exige también autocrítica. Reconocer que los partidos que hoy denuncian la corrupción también formaron parte de gobiernos que tuvieron la oportunidad de combatirla y no lograron erradicarla.

La memoria política no puede ser selectiva. No se puede pedir a la ciudadanía que olvide los agravios de ayer para concentrarse exclusivamente en los de hoy.

Y hay algo más: el desgaste de un partido gobernante no se traduce automáticamente en votos para la oposición. En 2018, millones de personas no votaron simplemente contra el PRI o contra el PAN. Votaron por una expectativa de cambio. Si la oposición quiere volver a representar una alternativa, necesita comprender qué produjo aquella ruptura y qué tendría que ofrecer para merecer nuevamente la confianza pública.

No puede limitarse a esperar que Morena se equivoque. Tiene que demostrar que aprendió algo de los errores que la llevaron a perder el poder.

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Morena no llegó al poder porque México hubiera olvidado su historia; llegó porque una parte importante de México estaba harta de ella. El problema es que ningún partido puede prometer eternamente que representa el cambio. Tarde o temprano, también tiene que responder por lo que hace con el poder.