El negocio detrás del INE: una década de contratos millonarios bajo investigación

El INE bajo sospecha: contratos millonarios, empresas relacionadas y una red de irregularidades que se extiende por más de una década

Las investigaciones del Órgano Interno de Control y de la Auditoría Superior de la Federación apuntan a posibles prácticas de simulación de competencia, concentración de proveedores, conflictos de interés y triangulación de recursos. El caso alcanza a las administraciones de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei, pero también obliga a revisar la historia de las contrataciones desde el antiguo IFE.

El Instituto Nacional Electoral (INE), una de las instituciones fundamentales para la vida democrática del país, enfrenta un problema que va mucho más allá de una serie de contratos cuestionados. Las investigaciones abiertas por sus propios órganos de vigilancia y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) están poniendo bajo la lupa un entramado de empresas, funcionarios, adjudicaciones y relaciones comerciales que podría haber operado durante más de una década al amparo de los organismos electorales.

Lo que hasta ahora ha salido a la luz dibuja un escenario preocupante: proveedores que presuntamente competían entre sí, pero que compartirían socios y representantes; contratos millonarios concentrados en un reducido grupo de compañías; posibles conflictos de interés; documentos presuntamente alterados y mecanismos de contratación que habrían permitido simular condiciones de competencia. A ello se suman las preguntas sobre la actuación de quienes tenían la obligación de vigilar el uso de los recursos públicos.

El caso tiene distintas aristas y no todas corresponden a la misma investigación. Sin embargo, las coincidencias entre los hallazgos del Órgano Interno de Control (OIC), las indagatorias sobre posibles prácticas monopólicas y las nuevas auditorías de la ASF obligan a mirar el problema en perspectiva histórica.

Una red de proveedores bajo la lupa

Uno de los primeros focos de atención está en cinco empresas que aparecen relacionadas con contratos de materiales y documentación electoral: Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México.

De acuerdo con los hallazgos que se han dado a conocer, estas compañías habrían compartido socios o representantes legales y presuntamente simulado competir entre sí en procedimientos de contratación pública. La concentración atribuida a este grupo habría alcanzado hasta 77% del mercado investigado.

Los contratos identificados con organismos electorales entre 2014 y 2025 suman alrededor de 2 mil 461 millones de pesos. No se trata de una cifra menor ni de adquisiciones aisladas: hablamos de recursos públicos destinados a garantizar la organización de elecciones, uno de los procesos más costosos y delicados de la democracia mexicana.

La investigación por posibles prácticas monopólicas tiene antecedentes que se remontan a 2022, cuando la entonces Comisión Federal de Competencia Económica abrió el expediente IO-003-2021. La indagatoria busca determinar si existieron acuerdos entre proveedores para manipular licitaciones, fijar condiciones o repartirse contratos.

En octubre de 2026 se reportaban al menos 69 notificaciones relacionadas con las empresas investigadas. Entre los elementos señalados aparecen posibles modificaciones de objetos sociales poco antes de participar en licitaciones y deficiencias en los estudios de mercado.

Las preguntas alcanzan a la administración de Taddei

La llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE en 2023 no cierra la historia. Las investigaciones también han puesto bajo revisión contrataciones realizadas durante su gestión y relaciones empresariales que tienen antecedentes en el Instituto Estatal Electoral de Sonora, que ella presidió entre 2014 y 2021.

En ese periodo también se han señalado contrataciones con compañías relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. La existencia de vínculos empresariales y posibles simulaciones de competencia forma parte de los asuntos que requieren esclarecimiento.

La cuestión no es establecer responsabilidades por asociación ni dar por hecho que una relación comercial constituye una irregularidad. Lo que corresponde investigar es quiénes participaron en los procedimientos, quiénes autorizaron las contrataciones, qué mecanismos se utilizaron para seleccionar a los proveedores y si existieron beneficios indebidos.

El problema, además, no se limita a una sola presidencia del Instituto. La investigación antimonopolio comprende contrataciones de distintas administraciones, incluida la de Lorenzo Córdova. Por eso resulta indispensable distinguir los periodos, los contratos y las responsabilidades individuales.

45 observaciones y 18 expedientes: las investigaciones internas

En octubre de 2026, el Órgano Interno de Control comenzó a revelar la dimensión de las revisiones realizadas al interior del Instituto.

El 9 de octubre se notificaron 45 cédulas de observaciones preliminares derivadas de una auditoría a contrataciones efectuadas entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2026.

Las revisiones alcanzaron distintas áreas administrativas, entre ellas Comunicación Social, Asuntos Internacionales, Organización Electoral, Administración, Fiscalización e Igualdad Sustantiva y No Discriminación.

La amplitud de las áreas revisadas importa porque muestra que las preguntas sobre el manejo de recursos no se concentran exclusivamente en la compra de materiales electorales. También abarcan servicios, procedimientos administrativos, supervisión de contratos y cumplimiento de obligaciones por parte de proveedores.

El 26 de octubre, el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante legisladores sobre 16 expedientes de investigación iniciados durante 2025 y 2026, once de ellos relacionados con contrataciones públicas. También dio cuenta de investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios, personas físicas y empresas.

Entre las posibles irregularidades mencionadas se encuentran documentos falsos o alterados, ocultamiento de conflictos de interés, simulación de requisitos, abuso de funciones y posibles daños patrimoniales.

Son señalamientos que todavía deben acreditarse, pero cuya acumulación plantea una pregunta inevitable: ¿cómo se realizaron las contrataciones, quién las supervisó y por qué los controles internos no fueron suficientes para prevenirlas?

Cinco funcionarios pasan a procedimientos de responsabilidad

El 30 de octubre se conoció otro dato relevante: de los 18 expedientes relacionados con contrataciones durante la gestión de Taddei, trece permanecían en etapa de investigación y cinco habían avanzado a procedimientos de responsabilidad administrativa, con citatorios para las audiencias iniciales.

La diferencia es importante. Una investigación busca reunir elementos para determinar si existió una conducta irregular; un procedimiento de responsabilidad administrativa representa una etapa posterior, pero tampoco equivale a una sanción definitiva ni a una sentencia.

En esa misma revisión se informó que dos grupos empresariales habían acumulado operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026. De ese monto, 3 mil 790 millones correspondían a organismos electorales locales.

Las cifras abren otra línea de investigación: conocer quiénes están detrás de esos grupos empresariales, qué contratos obtuvieron, cómo se relacionan sus distintas compañías y si hubo mecanismos para evitar que los controles de contratación detectaran una concentración que podría ser irregular.

La ASF amplía el caso: del INE al antiguo IFE

El 22 y 23 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio relacionada con posibles irregularidades en las contrataciones del INE y de los organismos públicos locales electorales (OPLE).

La revisión contempla posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. Pero el anuncio del 4 de noviembre amplió considerablemente el horizonte: la ASF informó que revisará las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, es decir, también las correspondientes al antiguo Instituto Federal Electoral.

La decisión cambia la dimensión del caso. Ya no se trata únicamente de revisar lo ocurrido durante la actual presidencia del INE ni de determinar si las anomalías se concentraron en una administración específica. Se busca identificar patrones históricos de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales que pudieron repetirse durante años.

La auditoría también contempla revisar el gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales. Para ello, la ASF solicitó información a los gobiernos estatales sobre los recursos transferidos a los institutos electorales.

Es una revisión necesaria. Si las mismas empresas, sus socios o compañías relacionadas aparecen de manera recurrente en distintas entidades y periodos, habrá que determinar si se trata de una especialización legítima del mercado o de un sistema que pudo cerrar el paso a la competencia.

El problema no termina en los proveedores

Hay una segunda responsabilidad que merece tanta atención como la de las empresas: la de los funcionarios encargados de administrar, autorizar y vigilar el gasto.

Porque una red de proveedores no puede operar al margen de las instituciones sin que alguien participe en los procedimientos, valide documentos, autorice pagos o supervise el cumplimiento de los contratos. Y si hubo simulación de competencia, también es necesario establecer quién permitió que las licitaciones avanzaran bajo esas condiciones.

La actuación de los órganos de control es otro asunto que debe esclarecerse. ¿Qué auditorías se realizaron antes? ¿Qué observaciones se hicieron? ¿Se advirtieron las relaciones entre las empresas? ¿Qué medidas se tomaron y por qué algunas irregularidades pudieron prolongarse?

La fiscalización no consiste solamente en encontrar anomalías después de que se gastó el dinero público. Su razón de ser es prevenirlas, detectarlas oportunamente y establecer responsabilidades.

La confianza también está en juego

El INE no es una dependencia administrativa cualquiera. Su credibilidad es parte de la infraestructura democrática del país. Por eso, cualquier sospecha sobre el manejo de sus recursos merece una investigación rigurosa, transparente y sin excepciones.

No se puede dar por hecho que todos los contratos cuestionados constituyen delitos, ni atribuir responsabilidades personales sin pruebas. Pero tampoco sería aceptable reducir los hallazgos a diferencias políticas o a una disputa entre administraciones.

Los datos conocidos hasta ahora obligan a investigar una historia que comienza, al menos, en 2014 y que la ASF pretende extender hasta el año 2000. Hay empresas bajo escrutinio, contratos millonarios, procedimientos administrativos en marcha y una investigación antimonopolio que lleva años abierta.

La pregunta de fondo es mucho más grande que quién estaba al frente del Instituto cuando se firmó determinado contrato: ¿se construyó alrededor de las elecciones mexicanas un mercado de proveedores capaz de concentrar contratos, simular competencia y aprovechar las debilidades de la vigilancia pública?

Y, sobre todo, ¿quiénes lo permitieron?

Porque el dinero destinado a organizar elecciones no pertenece a los funcionarios ni a las empresas que consiguen los contratos. Es dinero público. Y la institución que debe garantizar elecciones confiables tiene también la obligación de demostrar que sus propias cuentas están limpias.