#AsíLasCosas Justicia en peligro: lo que une a Trump y a la reforma judicial en México

Del autoritarismo de Trump a la elección judicial en México: una advertencia para quienes aún creen en el Estado de derecho.

En Estados Unidos, un tribunal federal acaba de anular la orden ejecutiva 14230 de Donald Trump, la cual pretendía castigar a despachos de abogados que representaron causas políticas contrarias a sus intereses. En México, mientras tanto, se promueve la elección por voto popular de jueces y magistrados, bajo el argumento de “democratizar” el sistema de justicia. A simple vista, estos episodios podrían parecer distintos. Pero ambos comparten una raíz común: la intención del poder de someter a la justicia a su voluntad.

Y si hay una profesión que debería estar en pie de lucha ante estas amenazas, es la legal.

El poder como amenaza: el caso de Estados Unidos

El fallo de la jueza Beryl Howell fue contundente: utilizar el aparato del Estado para castigar abogados por representar a opositores políticos es una violación directa de la Constitución. Trump intentó despojar a la firma Perkins Coie de contratos y accesos gubernamentales solo porque no le gustaban los clientes que defendía. Eso no es liderazgo. Es autoritarismo con corbata.

Lo más alarmante fue el silencio de los grandes despachos legales. La llamada “Big Law” prefirió el cálculo financiero a la defensa del Estado de derecho. Su tibieza envió un mensaje peligrosísimo: si el poder intimida a una firma, las demás agacharán la cabeza. Un precedente que, de repetirse, pondría en riesgo a cualquier abogado, a cualquier causa, a cualquier cliente incómodo.

México y la ilusión de la justicia popular

Mientras tanto, en México, la propuesta de elegir a jueces por voto popular suena, para muchos, como una reforma democratizadora. Pero elegir jueces no es empoderar al pueblo: es politizar la toga. Un juez que depende de votos no es libre de fallar contra el sentir popular, aunque la ley lo exija. Y un juez sin libertad no imparte justicia: administra simpatías.

¿Quién controla las campañas judiciales? ¿Quién decide qué juez merece mantenerse en su cargo? Quien tenga el aparato político y mediático, tendrá también el poder de torcer sentencias. Lo que se vende como cercanía con el pueblo puede terminar siendo control del poder judicial por parte del Ejecutivo.

Una amenaza silenciosa al Estado de derecho

El enemigo común: la intimidación disfrazada de legitimidad

Tanto en el caso de Trump como en la reforma judicial mexicana, el patrón se repite: el poder quiere condicionar el ejercicio legal. A través del castigo en EE. UU., a través de la urna en México. Ambos caminos conducen al mismo destino: una justicia mermada, temerosa, sujeta al vaivén político.

Y es aquí donde la profesión legal no puede ser neutral. Callar es ceder. Justificar es traicionar el principio más básico de la abogacía: representar, sin miedo ni favoritismos, a quien necesita defensa.

¿Dónde están los abogados?

En ambos países, la respuesta de la comunidad legal ha sido insuficiente. En EE. UU., se esperaban comunicados, amicus curiae, conferencias de prensa. En México, se necesitan foros, artículos, oposición técnica y pública. Se necesita, en suma, que los abogados actúen como la primera línea de defensa frente al poder, no como su eco.

El precedente que se está escribiendo hoy—con tinta de cobardía o con el silencio cómplice—pesará durante décadas.

Lo que está en juego

Si el poder logra intimidar o manipular al sistema judicial, los ciudadanos perderán su último recurso. Y si los abogados se dejan doblar por miedo o conveniencia, la democracia perderá uno de sus pilares fundamentales: la posibilidad de oponerse con razones y con derecho.

La lección es clara. Sea en Washington o en la Ciudad de México, la justicia no puede ser rehén del poder. Y la abogacía no puede ser espectadora. Porque si los abogados callan, también lo harán sus clientes. Y entonces, la ley dejará de ser escudo y se convertirá en arma.