Venezuela: del auge petrolero al colapso político y económico

¿Cómo un país con las mayores reservas de petróleo del mundo llegó a enfrentar una de las peores crisis humanitarias y económicas del continente? La respuesta está en la combinación de una profunda dependencia petrolera, una serie de decisiones políticas centralizadoras y una estrategia de control total del poder estatal que se fue consolidando a lo largo de dos décadas. El caso venezolano es complejo, pero ofrece claves claras para entender cómo se construyó el camino hacia la situación actual.

La etapa de crisis progresiva que duró de 1980 a 1998, Venezuela enfrentó una caída sostenida de los precios del petróleo, lo que incrementó su deuda externa y empujó al gobierno a aplicar medidas de ajuste estructural, como el paquete económico de Carlos Andrés Pérez en 1989. Ese mismo año ocurrió el Caracazo, un estallido social que evidenció el descontento popular y marcó el inicio de una creciente desconfianza hacia los partidos tradicionales. En 1992, Hugo Chávez lideró dos intentos de golpe de Estado, y en 1998 fue elegido presidente con un discurso contrario al neoliberalismo y a las élites políticas.

A partir de 1999 comenzó la etapa del chavismo al colapso. Durante el gobierno de Chávez (1999–2013), se instauró la llamada Revolución Bolivariana, que aprovechó los altos precios del petróleo para financiar programas sociales, aunque también se fortaleció el control estatal, el autoritarismo y la dependencia de la renta petrolera. Tras su muerte en 2013, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela entró en una crisis profunda caracterizada por la caída del PIB, hiperinflación, escasez de productos básicos, una migración masiva y el progresivo deterioro de las instituciones democráticas.

El petróleo como columna vertebral del país

Durante gran parte del siglo XX, Venezuela se sostuvo gracias a los ingresos del petróleo. A partir de la nacionalización de PDVSA en 1976, el Estado se convirtió en el principal beneficiario de esa riqueza, financiando obras, subsidios y gastos sociales. Esta bonanza permitió una clase media sólida, una de las democracias más longevas de América Latina y una sociedad con altos niveles de consumo.

Sin embargo, esa riqueza tuvo un precio: la economía se volvió casi monodependiente. Cada caída en los precios internacionales del crudo se traducía en crisis fiscal, devaluaciones y ajustes. No hubo un plan sostenido de diversificación productiva, y la política rentista se convirtió en la norma.

La Revolución Bolivariana: promesas, control y polarización

En 1999, Hugo Chávez llegó al poder con un discurso de ruptura frente al pasado. Propuso una nueva Constitución, aprobada ese mismo año, que amplió el poder presidencial y dio forma a su proyecto llamado Revolución Bolivariana. Durante la primera década del siglo XXI, aprovechó el boom de los precios del petróleo para financiar políticas sociales masivas, conocidas como misiones. Estas mejoraron indicadores como alfabetización, atención médica y acceso a alimentos en comunidades populares.

Pero al mismo tiempo que se impulsaban programas sociales, se comenzó a desmontar el sistema de contrapesos institucionales. El gobierno fue colonizando progresivamente los poderes públicos, los medios de comunicación, el sistema judicial y, sobre todo, el aparato electoral. Con discursos sobre la “soberanía popular” y el “poder comunal”, se justificó la concentración del poder en el Ejecutivo. Chávez logró la eliminación de los límites a la reelección, el uso recurrente de leyes habilitantes para gobernar por decreto y la fidelización de las Fuerzas Armadas con incentivos económicos y cargos estratégicos.

Maduro y la aceleración del colapso

Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó el poder en un contexto mucho más adverso. Sin el liderazgo carismático de su antecesor y con una economía ya debilitada, su gobierno enfrentó la abrupta caída de los precios del petróleo en 2014. A partir de ese momento, se profundizó el deterioro económico: hiperinflación, escasez de productos básicos, colapso de servicios públicos y una migración masiva que ya supera los siete millones de personas.

En lugar de buscar salidas democráticas o acuerdos políticos, el gobierno de Maduro optó por endurecer el control institucional. Cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional en 2015, esta fue despojada de sus funciones por el Tribunal Supremo de Justicia, que declaró todas sus decisiones “nulas”. En 2017, el oficialismo creó una Asamblea Nacional Constituyente paralela, sin un referendo previo ni elecciones transparentes. Desde entonces, el chavismo ha gobernado mediante leyes opacas como la Ley Antibloqueo, ha limitado severamente la libertad de prensa y ha perseguido judicialmente a opositores, ONGs y líderes sindicales.

La caída de PDVSA y el uso político del crudo

Uno de los puntos más críticos del colapso ha sido la destrucción del sector petrolero. De producir más de tres millones de barriles diarios a finales de los noventa, PDVSA pasó a niveles por debajo de los 700 mil en 2023. La falta de inversión, la corrupción estructural, el uso político de sus fondos y la fuga de personal calificado tras la purga de 2003 minaron las capacidades de la empresa estatal. A esto se sumaron las sanciones internacionales a partir de 2017, aunque el deterioro ya venía de años antes.

PDVSA dejó de ser una empresa técnica y eficiente para convertirse en una caja negra del Estado, usada para financiar gastos clientelares, campañas electorales y programas sociales sin rendición de cuentas. Con el paso del tiempo, el Estado venezolano no solo dejó de tener ingresos suficientes, sino que perdió la capacidad de sostener mínimamente su estructura.

El control total como única estrategia de supervivencia

Lejos de corregir el rumbo, el chavismo apostó por un modelo de supervivencia autoritaria, en el que el control total de las instituciones se volvió esencial. El aparato militar fue cooptado a cambio de privilegios y control sobre sectores económicos como la minería. El sistema de justicia fue reducido a un mecanismo de persecución, y el sistema electoral se volvió cada vez menos competitivo. Las elecciones presidenciales de 2018 y parlamentarias de 2020 fueron ampliamente cuestionadas por su falta de garantías, lo que llevó al desconocimiento internacional de buena parte de sus resultados.

La propaganda oficialista, la censura de medios, las campañas como “Somos Venezuela” o el carnet de la patria fueron parte de una estructura paralela de control social basada en lealtades políticas. Este entramado convirtió al Estado en un ente de vigilancia y disciplina, en lugar de un garante de derechos.

Para mantenerse en el poder, el chavismo emprendió múltiples campañas de control institucional:

• 2015: Desconocimiento de la Asamblea Nacional opositora tras las elecciones.

• 2017: Creación de la Asamblea Nacional Constituyente paralela, sin elecciones libres.

• Operación “Túnel de la Soberanía”: intervenciones militares en sectores estratégicos.

• Ley Antibloqueo (2020): permite opacidad en contratos y operaciones estatales.

• Control de medios y censura: cierre de medios independientes y persecución de periodistas.

• Cooptación judicial y militar: uso del TSJ y las Fuerzas Armadas para neutralizar a la oposición.

  
  

De la abundancia al colapso

El caso venezolano es el retrato de un país que no supo —o no quiso— salir de su dependencia del petróleo, que debilitó progresivamente su democracia bajo la promesa de justicia social, y que apostó por la concentración de poder como fórmula de gobernabilidad. Hoy, Venezuela es un país empobrecido, fragmentado, con una población desplazada y con instituciones sin autonomía real.

Hoy la cuestión ya no es solo cómo se llegó hasta aquí, sino cómo se podrá reconstruir lo que fue desmontado durante más de dos décadas.