Despojo de inmuebles en la CDMX: un delito que crece y enciende las alertas

Fiscalía de CDMX abre en seis años 25 mil carpetas por despojo; sólo reporta 463 detenciones

El despojo de inmuebles se ha convertido en uno de los delitos patrimoniales de mayor crecimiento en la Ciudad de México. De enero de 2020 a abril de 2026, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ha abierto 25 mil 018 carpetas de investigación, sin embargo, en este mismo periodo —y sobre el total de carpetas abiertas— solo se ha reportado la detención de 463 personas, de acuerdo con información proporcionada a través de respuestas de información pública. Tan solo entre enero y junio de 2026 se han registrado **mil 923 denuncias** por despojo e invasión de predios, un fenómeno que ya no afecta únicamente a casas abandonadas, sino también a departamentos, viviendas de adultos mayores, inmuebles en sucesiones, terrenos, locales comerciales e incluso edificios completos en disputa. El problema obedece a una combinación de factores: la crisis de vivienda, el alto valor del suelo, inmuebles desocupados y la operación de las llamadas "mafias del despojo", que recurren a la falsificación de documentos, contratos apócrifos, grupos de choque e incluso vacíos legales para apropiarse de propiedades durante meses o años.

El problema tiene múltiples causas. La elevada plusvalía del suelo capitalino, la escasez de vivienda, la existencia de inmuebles desocupados durante largos periodos y la actuación de grupos organizados conocidos como "mafias del despojo" han convertido este delito en un negocio altamente rentable. En muchos casos, los invasores aprovechan la ausencia temporal de los propietarios, falsifican documentos, simulan contratos de arrendamiento o utilizan vacíos legales para permanecer en los inmuebles durante meses o incluso años.

Las alcaldías con mayor presión inmobiliaria y aquellas con amplias zonas de asentamientos irregulares concentran buena parte de los casos. Las víctimas suelen ser personas adultas mayores, familias que heredaron una propiedad, migrantes, propietarios que viven fuera de la ciudad o personas que mantienen viviendas deshabitadas.

El caso más reciente ocurrió en la cerrada de Matías Romero, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, donde vecinos denunciaron el presunto intento de despojo de una vivienda. De acuerdo con testimonios difundidos públicamente, personas ingresaron al inmueble, cambiaron cerraduras y dañaron cámaras de vigilancia. El hecho llevó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a abrir una investigación y motivó la intervención del Gabinete Contra Despojos. Sin embargo, vecinos aseguran que no se trata de un hecho aislado. Según denuncias públicas, hace apenas unos meses se registró otro presunto despojo en el inmueble contiguo de la misma calle. En esa ocasión se acusó que el comportamiento de mandos del Sector Del Valle de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue inusual, pues presuntamente no brindaron apoyo oportuno a la víctima, mientras grupos de choque y personas encapuchadas permanecían en el lugar durante la madrugada, hechos que hoy vuelven a alimentar la preocupación por la posible operación de redes organizadas dedicadas al despojo de propiedades.

El problema rebasa a la capital. Fiscalías y autoridades estatales han documentado un aumento de casos en el **Estado de México**, especialmente en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán y Naucalpan; **Jalisco**, en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco; **Nuevo León**, en Monterrey y su zona metropolitana; **Puebla**, **Veracruz**, **Guanajuato**, **Quintana Roo**, **Baja California**, **Morelos** y **Yucatán**. En todos ellos se repiten patrones similares: invasión de viviendas deshabitadas, apropiación ilegal de terrenos, falsificación de escrituras, simulación de contratos de arrendamiento y ocupación de inmuebles cuyos propietarios son adultos mayores, viven fuera de la ciudad o enfrentan procesos sucesorios.

Ante el incremento de este delito, especialistas recomiendan mantener actualizadas las escrituras, pagar puntualmente el predial y los servicios, conservar evidencia fotográfica y en video del estado del inmueble, mantener comunicación con los vecinos y prestar atención a marcas extrañas en las fachadas, como cruces, números o cintas adhesivas, que en algunos casos han sido utilizadas para identificar propiedades vulnerables. Al mismo tiempo, el aumento de los despojos ha reabierto el debate sobre reformas legales que, según algunos especialistas y organizaciones de propietarios, podrían dificultar los desalojos de ocupantes irregulares y prolongar los litigios, mientras otros sostienen que también debe garantizarse el derecho a la vivienda sin menoscabar la protección de la propiedad privada.