De la fayuca al contrabando: el calzado como nueva frontera entre la economía y el crimen organizado en México

El sector zapatero de Guanajuato denuncia que nueve de cada diez pares importados llegan al país como contrabando, alimentando tanto la competencia desleal como a redes criminales.

El contrabando técnico de calzado en México aumentó 2,000% en tan solo tres años, al grado de asfixiar a la industria nacional. El contrabando de calzado se ha convertido en uno de los capítulos más críticos de la guerra comercial en México. Lo que a simple vista podría parecer un problema de competencia desleal contra la industria zapatera nacional, en realidad revela un engranaje mucho más complejo, donde convergen evasión fiscal, debilitamiento productivo y operaciones vinculadas al crimen organizado.

El origen del fenómeno está en el programa IMMEX, que permite la importación de materias primas y componentes sin aranceles, siempre que sean transformados en México y luego exportados. Sin embargo, la realidad es que algunas empresas han aprovechado este esquema para introducir mercancía terminada —como ropa, electrónicos y sobre todo calzado— sin pagar impuestos, desviándola después al mercado interno.

El gobierno mexicano intentó frenar la práctica al retirar licencias a varios almacenes en la frontera norte, donde la “transformación” de los productos consistía apenas en reempaques o procesos mínimos que no justificaban la exención fiscal. Pero la medida no fue suficiente. El contrabando encontró en el calzado un negocio particularmente lucrativo: solo en 2024, México importó 40 millones de pares, el equivalente al 20% de la producción nacional. De ese volumen, 90% se considera contrabando, según cifras de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).

La situación contrasta con lo que ocurría en los años ochenta, cuando el modelo económico mexicano mantenía cerradas las fronteras a la importación de mercancías. En aquel entonces, prácticamente todo lo que consumían las familias era producido en el país. Esa rigidez dio pie a la figura de las fayuqueras, mujeres que viajaban a la frontera para traer electrodomésticos, ropa o cosméticos destinados a las amas de casa de clase media. Lo que comenzó como un fenómeno informal de consumo aspiracional es hoy un engranaje global, mucho más sofisticado y ligado a intereses criminales.

Para la industria, el golpe actual es devastador. Guanajuato, que concentra la mayor parte de la producción nacional, enfrenta el cierre de talleres, la pérdida de empleos y una competencia imposible contra precios inflados por la evasión fiscal. “Estamos hablando de miles de familias que viven del calzado, contra un mercado inundado de productos ilegales”, advirtió Juan Carlos Cashat, presidente de la CICEG.

Pero el problema trasciende lo económico. De acuerdo con especialistas en comercio y seguridad, el contrabando de calzado se ha convertido también en una vía de lavado de dinero. Al ingresar millones de pares con facturas falsas o subvaluadas, los grupos criminales no solo afectan la recaudación fiscal del país, sino que blanquean recursos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Así, la guerra contra el contrabando de zapatos se conecta de manera directa con la guerra contra las drogas, en un frente menos visible, pero igualmente estratégico.

El dilema para el gobierno es complejo. Por un lado, debe proteger a la industria zapatera, que genera miles de empleos y mantiene viva una tradición productiva en el Bajío. Por el otro, no puede poner en riesgo la competitividad de sectores como el automotriz o el electrónico, que dependen de IMMEX para su integración en cadenas globales de valor.

Lo cierto es que el calzado se ha convertido en un terreno donde chocan la economía formal y la economía criminal. El desenlace marcará no solo el futuro de León y Guanajuato, sino la capacidad del Estado mexicano para cerrar uno de los agujeros más rentables de las redes de contrabando y crimen organizado.