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Más de seis años de guerra, un sistema intacto ¿qué ha pasado con el huachicol?

  • anitzeld
  • hace 6 horas
  • 4 Min. de lectura

Esta semana, el llamado huachicol fiscal dominó la agenda pública con una cadena de hechos que iban de muertes bajo investigación a revelaciones sobre lujos sospechosos dentro de la Marina. Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiera ponía el reflector sobre una red que parecía extenderse hasta las aduanas. La respuesta oficial llegó con un megaoperativo: cateos en la Ciudad de México y varios estados, más de 200 órdenes de aprehensión y agentes aduanales bajo la lupa. El saldo: asesinatos, un suicidio y funcionarios esposados, señales de que el saqueo energético ya había alcanzado a quienes debían frenarlo.


El huachicol fiscal es el contrabando de combustibles, es decir, la importación de gasolina y diésel a México sin pagar impuestos, de acuerdo con la definición de PETROIntelligence. Según datos del sector energético, en el país tres de cada 10 litros de diésel, magna o premium provienen de este delito.

Hasta septiembre de 2025, las autoridades mexicanas han realizado una serie de incautaciones significativas en su lucha contra el huachicol fiscal, un delito que implica el contrabando y comercialización ilegal de combustibles. Entre los decomisos más destacados se incluyen:


  • 10 millones de litros de diésel incautados en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en marzo de 2025.

  • 8 millones de litros de gasolina asegurados en Ensenada, Baja California.

  • 15 millones de litros de combustible decomisados en Coahuila en julio de 2025.


El impacto económico es considerable; se estima que el país pierde anualmente entre 50,000 y 70,000 millones de pesos debido al robo y contrabando de combustible.


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El huachicol: de Tlahuelilpan a las aduanas navales


El recuerdo de Tlahuelilpan todavía duele. Enero de 2019, apenas un mes de iniciado el gobierno de López Obrador, un ducto de Pemex explotó en Hidalgo mientras cientos de personas recolectaban gasolina ordeñada. Murieron más de 130. El huachicol dejó de ser un término técnico para convertirse en tragedia nacional.


Ese fue el arranque de la guerra contra el robo de combustibles. El presidente cerró ductos, desplegó soldados y marinos, y prometió cortar de raíz un negocio que drenaba millones. Durante los primeros años las cifras parecieron darle la razón: la ordeña en ductos cayó, las pérdidas reportadas por Pemex se redujeron, y el gobierno celebró la victoria.


Pero el huachicol nunca se fue. Solo cambió de rostro. Ya no eran rancherías con mangueras clandestinas sino piperos con permisos falsos, empresas fachada y barcos que entraban por los puertos. Era el huachicol fiscal. Y ahí comenzó otra historia.


El vicealmirante esposado


El viernes pasado, esa historia alcanzó a la Marina. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, condecorado y respetado, apareció esposado tras un operativo de la Fiscalía. Con él cayeron 13 funcionarios y empresarios, incluidos seis marinos. La acusación: encabezar una red de contrabando de combustibles a través de aduanas.

El caso había arrancado meses antes, cuando el buque Challenge Procyon ingresó desde Texas con millones de litros de diésel. La carga entró limpia en papeles, pero no pagó un solo peso en impuestos. No era un error aislado, sino un patrón: barcos con permisos alterados, aduanas complacientes, sellos oficiales al servicio de una red.


La escena del vicealmirante bajando la cabeza, rodeado de agentes, fue demoledora. La institución que López Obrador presentó en 2021 como la más confiable para limpiar las aduanas quedaba bajo sospecha. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió al exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán —tío político de Farías Laguna—, recordando que él mismo había denunciado irregularidades en 2023. Pero la duda ya estaba sembrada: ¿quién vigilaba al vigilante?


La Barredora: huachicol desde las megaobras


Mientras tanto, otro fantasma regresó a la conversación: “La Barredora”, organización criminal nacida en Tabasco bajo el mando de Hernán Bermúdez, alias el “Comandante H”. Según informes de inteligencia militar, desviaba combustible desde Dos Bocas y planeaba abastecer con huachicol hasta 180 mil litros semanales para el Tren Maya.

Los reportes hablan de pipas que salían de madrugada, terrenos arrendados como bodegas en Quintana Roo y Campeche, y hombres armados custodiando los traslados. La obra que debía simbolizar el renacer del sureste mexicano, alimentada con gasolina robada.


Una guerra inacabada


Del ducto reventado en Tlahuelilpan a los barcos fantasma en Tampico, del campesino con bidones al vicealmirante detenido, la historia del huachicol muestra un delito capaz de mutar y adaptarse.


Hoy, en 2025, el gobierno presume “el mayor golpe contra la corrupción” de su administración. Pero la crónica de estos días deja imágenes difíciles de borrar: marinos esposados, la sombra del crimen infiltrado en aduanas y la sospecha de que ni siquiera las megaobras están libres del saqueo energético.


El huachicol ya no es solo un delito de subsistencia. Es un sistema que mezcla pobreza, crimen organizado y corrupción institucional. Y, a pesar de seis años de guerra, sigue ahí, como herida abierta en la vida pública del país.


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esas zonas, el grupo cooptó cuerpos de policía , impuso cuotas a comerciantes, administró negocios de huachicol de militares y trabajadores del Tren Maya hablan de entregas semanales de más de 180 mil litros de huachicol

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