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Tráfico de armas desde EE. UU.: un negocio que fortalece a los cárteles y erosiona la relación con México

  • anitzeld
  • 10 ago
  • 4 Min. de lectura

Actualizado: hace 6 días

El tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México no es un fenómeno nuevo, pero en la última década ha alcanzado niveles sin precedentes. El flujo constante de fusiles de asalto, pistolas y armas de alto poder, muchas de ellas adquiridas legalmente en el mercado estadounidense, alimenta el poder militar de los cárteles y agrava la violencia en el país. La situación, documentada por investigaciones de medios como Neue Zürcher Zeitung (NZZ) y respaldada por estudios académicos y agencias de seguridad, ha pasado de ser un problema policial a un punto de fricción política y diplomática que desafía los marcos de cooperación bilateral.


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Un episodio emblemático: la fallida captura de “El Mencho”

El 1 de mayo de 2015, el Ejército mexicano intentó capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo derivó en un enfrentamiento en el que un helicóptero militar fue derribado con un lanzacohetes, provocando la muerte de nueve agentes. Una década después, El Mencho sigue prófugo, al mando de una estructura criminal que, según estimaciones, cuenta con hasta 30 000 hombres, muchos armados con equipo de última generación.


Uno de los fusiles utilizados en aquel ataque fue rastreado hasta una tienda en Oregón, en Estados Unidos. Ese hallazgo, aparentemente anecdótico, expuso la magnitud de una cadena de suministro que comienza en armerías estadounidenses, pasa por redes de compradores ilegales y termina en manos de organizaciones criminales en México.


Un flujo constante y en expansión

De acuerdo con investigaciones recientes, entre 200 000 y 750 000 armas fabricadas en EE. UU. ingresan ilegalmente a México cada año. Otras estimaciones, más conservadoras, calculan un promedio anual de 135 000 armas traficadas. El 74 % proviene de cuatro estados fronterizos: Texas, Arizona, California y Nuevo México, con Texas y Arizona a la cabeza.


Los patrones de compra son tan visibles que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha detectado “compras hormiga”, en las que un individuo adquiere legalmente varias armas en un corto periodo para revenderlas a intermediarios que las introducen a México.


Entre las armas incautadas en territorio mexicano, el 50 % son pistolas, el 33 % rifles, el 9 % revólveres y el 6 % escopetas. Crece además el uso de ghost guns, armas ensambladas en casa sin número de serie y, por lo tanto, imposibles de rastrear.


Efectos en la violencia y la criminalidad

La correlación entre el flujo de armas y la violencia es contundente. Modelos estadísticos sugieren que por cada 10 000 armas traficadas hacia México, la tasa de homicidios aumenta entre 0.7 y 2.5 muertes por cada 100 000 habitantes al año.


Entre 2006, año del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, y 2018, más de 150 000 personas murieron en México por violencia organizada. La presencia de armas estadounidenses en escenas de crimen es tan común que, en algunos estados, más del 70 % de los homicidios con arma de fuego involucran equipo de fabricación norteamericana.

De “Rápido y Furioso” a la actualidad: una historia de errores y omisiones

El tráfico de armas hacia México no solo ha sido tolerado, sino que en casos como la operación encubierta “Rápido y Furioso” (2009-2011), fue facilitado por agencias estadounidenses. Bajo el argumento de rastrear a los compradores finales, la ATF permitió que miles de armas cruzaran la frontera, pero muchas se perdieron en el camino y terminaron en manos de los cárteles. Algunas fueron usadas en asesinatos de ciudadanos y funcionarios tanto en México como en EE. UU.


A pesar del escándalo diplomático que provocó, las políticas de control de exportaciones de armas no se endurecieron de forma significativa. La industria armamentística, amparada por el poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y leyes como la PLCAA (Protección del Comercio Legal de Armas de 2005), mantiene un margen de operación prácticamente intacto.


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Tensiones diplomáticas y fracasos legales

En su mandato, Donald Trump llegó a catalogar al CJNG como organización terrorista y amenazó con imponer aranceles del 30 % a las exportaciones mexicanas si no se frenaba el flujo de drogas y violencia hacia el norte.


La presidenta Claudia Sheinbaum, que ha mantenido la estrategia de ofensiva militar contra los cárteles, sostiene que EE. UU. debe asumir su parte de responsabilidad, desde la lucha contra la adicción interna hasta el control del flujo de armas.


En junio de 2025, México sufrió un revés en su intento más ambicioso: una demanda multimillonaria contra fabricantes de armas en tribunales estadounidenses. La Corte Suprema rechazó el caso de forma unánime, argumentando que México no demostró intención específica de facilitar el tráfico ilícito. La decisión cerró una de las pocas vías legales para responsabilizar a la industria armamentística.


Un negocio con alcance global

Aunque el 74 % de las armas provienen de la frontera norte, investigaciones recientes revelan que el mercado negro se alimenta también de redes internacionales. En agosto de 2025, la policía española detuvo en Madrid a Petar Dimitrov Mirchev, acusado de liderar una red que vendía rifles, lanzacohetes y sistemas antiaéreos al CJNG. La operación, coordinada con la DEA, mostró que el abastecimiento criminal va más allá del corredor Texas-México.


Cooperación insuficiente y futuro incierto

México y Estados Unidos mantienen mecanismos de colaboración como la Iniciativa Mérida y programas conjuntos de rastreo de armas. Sin embargo, los resultados son limitados: desde 1996, apenas se han rastreado poco más de 62 000 armas, frente a los cientos de miles que cruzan la frontera cada año.


Mientras tanto, la industria armamentística continúa protegida por un marco legal que dificulta cambios sustanciales, y el tráfico de armas sigue siendo un negocio lucrativo para compradores, intermediarios y organizaciones criminales. El saldo lo pagan las comunidades mexicanas, atrapadas en un ciclo de violencia que parece no tener fin.

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