México ante el 2026 incierto: inflación que no cede, crisis en el campo y un Estado endeudado

A finales de 2025, México avanza hacia un 2026 que inquieta a economistas, productores agropecuarios y analistas fiscales. El Banco de México y organismos multilaterales coinciden en algo: la economía mexicana camina sobre una superficie frágil, minada por choques en el sector agroalimentario, tensiones en el comercio ganadero y un espacio fiscal cada vez más estrecho.

La pregunta que persiste es si esa fragilidad puede escalar hacia una inflación fuera de control. Los factores que alimentan la preocupación social —precios de alimentos, protestas rurales, deuda pública— están presentes y se vuelven más visibles conforme arranca un nuevo ciclo económico.

Inflación: entre la calma proyectada y la presión en la mesa

Desde mediados de 2024, la inflación general en México ha seguido una trayectoria descendente, aunque más lenta de lo esperado. Banxico mantiene su diagnóstico: si no hay choques nuevos, la inflación debería converger hacia el 3% durante la segunda mitad de 2026.

Sin embargo, la realidad cotidiana contradice la narrativa de estabilidad. La inflación alimentaria —el indicador que realmente siente la población— continúa elevada por factores que no dependen de la política monetaria: sequías intermitentes, afectaciones en rutas de abasto y, el más reciente, un choque sanitario en la ganadería que alteró la oferta y disparó precios en mercados del norte y centro del país.

“Los modelos dicen que la inflación va a bajar, pero en las comunidades rurales y en las ciudades periféricas vemos lo contrario: una canasta básica más cara y productores con menos margen”, explica la economista agrícola María L. Torres, especialista en seguridad alimentaria.“No se trata de hiperinflación, pero sí de una inflación persistente en alimentos, que para una parte de la población se siente como una crisis inflacionaria en toda regla”, añade.

El fenómeno no es excepcional. De acuerdo con análisis del FMI y de organismos internacionales, los choques en rubros alimentarios suelen tener un impacto más profundo y duradero en países donde la pobreza rural es alta y la estructura productiva depende de cadenas vulnerables a fenómenos climáticos o sanitarios. México cumple ese perfil.

Protestas campesinas: la punta visible de un modelo agotado

El diciembre de 2025 estuvo marcado por bloqueos de agricultores y ganaderos frente a la Cámara de Diputados. Exigían frenar cambios a la Ley General de Aguas, denunciar la falta de apoyos y visibilizar la caída de ingresos provocada por el cierre parcial del comercio ganadero hacia Estados Unidos.

Aunque el episodio fue leído como “un conflicto sectorial más”, expertos señalan que forma parte de un deterioro más profundo del campo mexicano.

“Lo que vemos hoy es el resultado de años de políticas inestables: programas que cambian cada sexenio, compras públicas que no llegan a tiempo, y un sistema de precios que ya no cubre los costos de producción”, afirma el investigador rural y analista Gustavo Benítez.“La protesta no es coyuntural, es acumulativa. Si no se atiende, veremos más presión social y más problemas en el abasto alimentario”, sostiene.

A ello se suman las fricciones generadas por la reestructuración de programas como SEGALMEX/DICONSA y los ajustes en precios de garantía. Muchos pequeños productores —sobre todo maiceros, frijoleros y ganaderos de pequeña escala— reportan que los retrasos en pagos y la incertidumbre sobre los esquemas de compra los empujan hacia la informalidad o al endeudamiento.

La paradoja es que México sigue importando una parte significativa de los granos que consume, mientras miles de pequeños productores reducen su área sembrada o venden ganado para enfrentar gastos básicos.

La ganadería en jaque: un enemigo microscópico y un mercado cerrado

En septiembre de 2025, autoridades sanitarias detectaron presencia del parásito screwworm (gusano barrenador) en zonas ganaderas del norte y sur del país. Las medidas de contención incluyeron inspecciones más estrictas, tratamientos obligatorios y restricciones temporales para la exportación de ganado a Estados Unidos.

El impacto fue inmediato: corrales detenidos, pérdidas millonarias y una caída abrupta en los ingresos de rancheros cuya economía depende de ese mercado.

“Es como si hubiéramos perdido de un día para otro nuestra principal vía de venta”, relata Rafael, productor de Sonora. “Nos dicen que es temporal, pero cada semana que pasa aumenta la deuda y suben los costos para mantener el hato”.

El cierre parcial de fronteras golpeó especialmente a los estados del norte, donde la exportación de becerros representa uno de los pilares económicos. Y aunque las autoridades federales trabajan en planes de control biológico —como la liberación de moscas estériles, una técnica probada internacionalmente—, los daños ya están hechos.

Esta crisis sanitaria, sumada a sequías localizadas y a un aumento en los precios de alimento para ganado, se trasladó rápidamente a los mercados: el precio de la carne subió en carnicerías y supermercados, alimentando la sensación de que “todo está más caro”.

El ciclo es claro: menos oferta, mayores costos, más inflación alimentaria.

Deuda pública: un margen cada vez más estrecho

En paralelo, México enfrenta un entorno fiscal complicado. Los niveles de deuda pública como porcentaje del PIB han aumentado en los últimos años, presionados por bajo crecimiento, menor recaudación y apoyos financieros a empresas paraestatales.

Los informes más recientes de agencias calificadoras apuntan a un espacio fiscal reducido. La advertencia es que, si persisten déficits elevados o si se requieren más recursos para enfrentar crisis sectoriales —como la ganadera—, el país podría enfrentar mayores primas de riesgo.

“México no está ante un riesgo inminente de default, pero sí tiene cada vez menos margen para absorber choques sin deteriorar su perfil crediticio”, explica el analista financiero Daniel Soto.“Cualquier evento que presione gasto público —apoyos agrícolas, subsidios alimentarios, rescates energéticos— puede tensar aún más la capacidad fiscal y, por ende, influir en expectativas inflacionarias”, detalla.

Los economistas suelen recordar que la inflación no solo depende del Banco de México; también se ve afectada por la confianza en la salud fiscal del país. Cuando los mercados perciben deterioro, el peso se deprecia, encareciendo importaciones y generando presiones inflacionarias adicionales.

Si bien 2026 no se perfila como un año de crisis de deuda, sí será un año donde las decisiones fiscales serán observadas con lupa.

Tres escenarios para 2026

Para comprender los riesgos, analistas suelen plantear tres escenarios:

1. Escenario base (el más probable): desinflación con dolor

La inflación general continúa bajando y alcanza niveles cercanos al 3% hacia la segunda mitad de 2026. Sin embargo, la inflación alimentaria se mantiene elevada, especialmente si la crisis ganadera se prolonga. Afecta sobre todo a hogares pobres y profundiza la desigualdad.

2. Escenario de riesgo intermedio: inflación tozuda

Una prolongación del cierre ganadero, complicaciones en rutas de importación o aumentos bruscos de combustibles pueden traspasar las presiones alimentarias a la inflación subyacente. Banxico mantendría tasas altas y el crecimiento se vería limitado.

3. Escenario extremo (baja probabilidad): espiral de precios

Una combinación de choques simultáneos —problemas alimentarios severos, depreciación abrupta del peso, deterioro fiscal fuerte— podría llevar a una escalada inflacionaria significativa. No una hiperinflación clásica, pero sí una crisis de precios que obligaría a políticas drásticas.

El campo como termómetro del país

Lo que ocurra en el campo será determinante para el rumbo de 2026. Las protestas recientes no solo reclaman apoyos; señalan una fractura en el pacto social rural.

“Si el campo colapsa, la inflación será el síntoma, no la causa”, concluye el investigador Benítez. “No se puede pensar en estabilidad macro si tienes a millones de productores en incertidumbre permanente”.

La agenda urgente incluye resolver el conflicto por el agua, estabilizar programas de compras públicas y lanzar apoyos rápidos para contener la crisis ganadera. De lo contrario, la economía enfrentará presiones difíciles de disipar incluso con buena política monetaria.

2026: entre la estabilidad prometida y la realidad incómoda

Mientras los informes oficiales insisten en que México evitará una crisis inflacionaria severa, la realidad cotidiana envía otra señal: los precios de alimentos siguen inquietos, el campo protesta, el comercio ganadero está detenido y las finanzas públicas se tensan.

La hiperinflación, como concepto técnico, no aparece en el horizonte. Pero la inflación persistente, desigual y socialmente dolorosa, esa que no hace titulares internacionales pero sí vacía los bolsillos, ya está presente.

2026 será un año de definiciones. Un año donde el reto no es evitar la hiperinflación, sino reconstruir las bases productivas y fiscales que permitan que la estabilidad proyectada se convierta en estabilidad real: en el mercado, en el campo y en la mesa mexicana.

Aumento salario mínimo

A la incertidumbre económica que marca el arranque de 2026 se suma el impacto que tendrá el nuevo incremento al salario mínimo, anunciado por el gobierno como un “paso firme hacia la recuperación del poder adquisitivo”. Sin embargo, entre analistas la lectura es más cauta: aunque el alza beneficiará directamente a millones de trabajadores, también podría añadir presión a los costos de producción en el campo, la industria alimentaria y el pequeño comercio, sectores ya debilitados por la inflación persistente. El economista consultado para este reportaje advierte que “los aumentos salariales son positivos cuando hay condiciones para absorberlos; cuando no, pueden empujar a los empleadores a ajustar precios o reducir plazas, especialmente en regiones rurales donde la productividad está estancada”. La discusión pública anticipa un 2026 donde el reto será equilibrar una mejora real en los ingresos sin avivar una espiral inflacionaria que ya amenaza con convertirse en el principal eje de tensión económica del país.