¿Quién defiende a los migrantes?
- anitzeld
- hace 3 días
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Actualizado: hace 2 días
El silencio de México y América Latina frente a la ofensiva migratoria en Estados Unidos
Minneapolis se convirtió en enero de 2026 en un nuevo epicentro de tensión. Redadas migratorias, presencia masiva de agentes federales y un operativo que terminó en un tiroteo reavivaron una pregunta incómoda: ¿quién defiende a los migrantes latinoamericanos cuando la política migratoria de Estados Unidos se endurece dentro de sus propias ciudades?
Mientras organizaciones civiles, sindicatos y comunidades locales alzaron la voz, los gobiernos de América Latina permanecen, en su mayoría, en silencio.
Una guerra que no se libra en la frontera
A diferencia de otros episodios migratorios concentrados en la frontera sur, lo ocurrido en Minneapolis expuso una fase distinta de la política migratoria estadounidense: operativos internos, militarización de la detención y criminalización de comunidades enteras, en su mayoría hispanas.
Las protestas no tardaron en llegar. Hubo llamados a huelgas, cierres simbólicos de comercios y manifestaciones masivas en Minnesota. Organizaciones como LULAC denunciaron una “escalada peligrosa” en la aplicación de la ley migratoria. Incluso la ONU, a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pidió a Estados Unidos respetar el derecho internacional y los derechos fundamentales de las personas migrantes.
Pero desde América Latina, la respuesta fue mínima.
¿Qué han hecho los gobiernos latinoamericanos?
Hasta ahora, ningún país latinoamericano ha encabezado una defensa diplomática clara y directa de sus ciudadanos afectados por las redadas en Minneapolis ni por la ofensiva migratoria en general.
México, el país con más connacionales en EE. UU., mantiene una postura prudente. Ha reiterado su compromiso con la protección consular y el respeto a los derechos humanos, pero no ha emitido reclamos formales ni declaraciones específicas sobre el caso de Minneapolis.
Guatemala, Honduras y El Salvador se han enfocado en programas de recepción de deportados y reinserción, sin cuestionar públicamente las acciones del gobierno estadounidense.
Otros países de la región, como Colombia o Brasil, no han fijado postura visible sobre las redadas internas ni sobre el uso de fuerza contra migrantes.
No hay, hasta el momento, un frente regional, ni una declaración conjunta, ni acciones coordinadas en organismos internacionales.
El peso del silencio
La ausencia de una respuesta firme no es casual. Analistas señalan varias razones:
Dependencia económica y política: remesas, comercio, cooperación en seguridad y control migratorio condicionan la relación con Washington.
Temor a represalias diplomáticas o a un endurecimiento mayor de las políticas migratorias.
Normalización de la violencia institucional contra migrantes, vista como un “asunto interno” de Estados Unidos.
El resultado es un vacío: los migrantes quedan más protegidos por organizaciones civiles estadounidenses que por los Estados de los que son ciudadanos.
La defensa que sí existe
Paradójicamente, la defensa más activa proviene de dentro de Estados Unidos. Comunidades locales, iglesias, sindicatos, universidades y defensores de derechos humanos han sido quienes documentan abusos, ofrecen apoyo legal y presionan políticamente.
La pregunta de fondo sigue abierta:¿qué significa la ciudadanía cuando los Estados de origen no intervienen frente a la vulneración sistemática de derechos?
Un precedente peligroso
Lo ocurrido en Minneapolis no es un caso aislado. Marca un precedente de cómo pueden operar las políticas migratorias en el interior del país y anticipa escenarios más duros para millones de personas.
El silencio de América Latina no solo deja solos a sus migrantes. También envía un mensaje: la defensa de sus derechos es negociable.
Y cuando los derechos se vuelven moneda de cambio, el costo siempre lo pagan los mismos.
En números
Deportaciones desde EE. UU. a países latinoamericanos bajo el segundo mandato de Trump (estimaciones disponibles)
País | Deportados desde EE. UU. (estimado) | Fuente / nota |
México | ~140,706 mexicanos + 11,886 extranjeros deportados a México desde EE. UU.* | Datos dados por presidenta de México (hasta diciembre 2025) (El Economista) |
Guatemala | ~66,435 deportados (2024 antes del mandato) y parte importante de deportaciones en 2025 | ICE informa datos por país (2024), mismo patrón continuó en 2025 (El Economista) |
Honduras | ~45,923 deportados (2024) y trabajadores expulsados en 2025 | ICE datos 2024 como referencia (El Economista) |
El Salvador | ~15,284 deportados (2024) y expulsiones continuas en 2025 | ICE datos 2024 (El Economista) |
Colombia | ~14,268 deportados (2024) y deportaciones continuas | ICE datos 2024 (El Economista) |
Ecuador | ~12,921 deportados (2024) y repatriaciones continuas | ICE datos 2024 (El Economista) |
Nicaragua | ~3,872 deportados (2024) y repatriaciones continuas | ICE datos 2024 (El Economista) |
Venezuela | ~3,256 deportados (2024) y vuelos de deportación reportados en 2025 | ICE datos 2024 y reportes de deportaciones a Venezuela (El Economista) |
Brasil | ~1,859 deportados (2024) | ICE datos 2024 (El Economista) |
Chile | ~342 deportados (2024) | ICE datos 2024 (El Economista) |
Otros (Costa Rica, Bolivia, Belice, Panamá, Argentina, Paraguay, Uruguay) | Cientos a pocos miles cada uno | ICE datos 2024 con cifras menores (LA NACION) |
Detenidos por ICE en EE. UU. por país de nacionalidad (2025, estimación)
País | Personas detenidas por ICE (estimación) | % del total de detenidos |
México | ~19,931 | ~35 % |
Guatemala | ~10,250 | ~18 % |
Honduras | ~6,834 | ~12 % |
El Salvador | ~5,694 | ~10 % |
Venezuela | ~4,556 | ~8 % |
Nicaragua | ~2,847 | ~5 % |
Colombia | ~2,278 | ~4 % |
Ecuador | ~1,709 | ~3 % |
Haití | ~1,139 | ~2 % |
Cuba | ~569 | ~1 % |
República Dominicana | ~455 | ~0.8 % |
Perú | ~341 | ~0.6 % |
Brasil | ~284 | ~0.5 % |
Otros (Asia/África/Oceanía) | ~3,425 | ~6 % |
TOTAL (aproximado) | ~56,000–70,000 detenidos en ICE | 100 % |
El total de personas bajo custodia de ICE alcanzó niveles récord este año, con cifras cercanas a 56,000–70,000 detenidos en diferentes periodos del año.
• México y los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador) conforman la mayoría de la población detenida.
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