Con su prohibición en México, los cárteles se afianzan en el jugoso negocio de los vapeadores

La prohibición total de los vapeadores en México ha agravado la captura del mercado por parte del crimen organizado. Desde antes de la ley, cárteles ya intimidaban, secuestraban y despojaban a comerciantes de sus negocios, imponiendo control sobre la venta y distribución. Con la entrada en vigor de la prohibición —que penaliza fabricación, importación y comercialización—, expertos advierten que el mercado ilegal se consolidará en manos de los cárteles, que lo usan para financiar otros delitos con baja visibilidad ante EE. UU., donde el vapeo es legal.

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La reforma constitucional impulsada por López Obrador y concretada en 2025 por Claudia Sheinbaum equiparó los vapeadores al fentanilo, pese a que la evidencia científica los considera menos dañinos que el cigarro tradicional. Comerciantes legales han cerrado por miedo a la cárcel o a la extorsión policial, mientras que organizaciones civiles alertan sobre ambigüedades legales que facilitan abusos de autoridad.

Cárteles como el CJNG, el de Sinaloa y grupos locales ya operan el mercado negro, reempaquetan productos y presionan a vendedores. Aunque el gobierno defiende la prohibición como una medida de protección a la juventud, críticos sostienen que empuja a consumidores hacia redes criminales y elimina una alternativa de reducción de daños, con resultados mixtos observados en otros países.

Vapeadores junto al fentanilo

Vapear está permitido y regulado de distinta manera en Estados Unidos y Europa, pero está prohibido en al menos ocho países latinoamericanos. Algunas naciones, como Japón, lo han utilizado para reducir el tabaquismo, pero las restricciones para su uso han crecido en los últimos años alentadas por las advertencias de la Organización Mundial de la Salud.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2014), ferviente crítico del vapeo, México comenzó a emitir alertas sanitarias después de intoxicaciones ocurridas en Estados Unidos. El presidente prohibió por decreto su importación en 2021 y a mediados de 2022 su comercialización.

Cuando la Suprema Corte dijo que la prohibición era inconstitucional, López Obrador no rectificó sino que optó por cambiar la Constitución.

Esa reforma se consumó en enero de 2025 con su sucesora Claudia Sheinbaum ya en el poder e incluyó a los vapeadores en el mismo párrafo que el fentanilo. Muchos abogados lo consideraron desproporcionado porque tanto la agencia federal de medicamentos de Estados Unidos como la mayoría de científicos coinciden en que, según la evidencia disponible, los cigarrillos electrónicos son mucho menos peligrosos que los tradicionales.

Pero los vapeadores seguían entrando a México desde China —el principal fabricante— o Estados Unidos y se vendían en establecimientos legales o páginas web gracias a la falta de leyes secundarias que concretaran la prohibición.

Cárteles como proveedores

Mientras se fraguaba la prohibición total, el crimen organizado se apoderaba poco a poco del sector en los estados del norte de México y en las principales ciudades del país, como la capital o Guadalajara, a veces —indicaron varios de los entrevistados— marcando sus productos con sellos o calcomanías para distinguirlos, una práctica que también se utilizó en las pastillas de fentanilo.

Un día después de que entrara en vigor la prohibición más de 50.000 vapeadores empacados en bolsas transparentes cubrían el zócalo de Ciudad de México. La alcaldesa Clara Brugada dijo que el decomiso buscaba la protección de la juventud mexicana, el mismo argumento que ha dado Sheinbaum al defender la nueva ley.

Pero para el abogado Cirión Lee, es todo lo contrario. Ahora el que “te va a vender vapeadores es el que vende cocaína, fentanilo, marihuana”, sostuvo.

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