¿Sabías que en la CDMX cada vez es más fácil que te echen de tu casa?
- anitzeld
- 20 ene
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La ciudad que se maquilla para el Mundial
La Ciudad de México se prepara para ser la cara bonita del Mundial de Futbol 2026. Calles repavimentadas, fachadas restauradas, corredores turísticos ampliados. Pero detrás de la pintura nueva y el discurso de desarrollo urbano, se esconde una realidad incómoda: vivir en la capital nunca había sido tan inseguro para quienes no son propietarios, para quienes rentan, para quienes heredaron una casa sin papeles perfectos, para quienes estorban al mercado inmobiliario.
En colonias como la Roma, la Doctores, la Guerrero, Tacubaya o el Centro Histórico, el miedo ya no es solo el aumento de la renta. Es el desalojo. El lanzamiento judicial. La llegada de actuarios con policías. El “tiene que salirse hoy”.
Cuando la ley dejó de proteger
En 2019, la Ciudad de México aprobó el Artículo 60 de su Ley Constitucional de Derechos Humanos. No era un texto simbólico. Era una barrera jurídica contra los desalojos forzosos. Reconocía que sacar a alguien de su casa no es un trámite administrativo, sino un acto que puede destruir una vida entera.
Ese artículo obligaba a las autoridades a prevenir desalojos, a agotar mediaciones, a garantizar alternativas habitacionales, a proteger especialmente a mujeres, personas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad. Incorporaba estándares internacionales que México ya había firmado.
Tres meses después, el Congreso local lo reformó. Las obligaciones desaparecieron. El derecho se redujo a una frase mínima: nadie puede ser desalojado sin orden judicial. El blindaje se convirtió en formalidad.
Para organizaciones civiles y víctimas, ese cambio violó el principio de progresividad en derechos humanos: una vez reconocidos, no pueden reducirse. El retroceso quedó impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 73/2019.
La Corte y la decisión que se pospuso
Este lunes 19 de enero, la Suprema Corte tenía en sus manos la posibilidad de corregir ese retroceso. Un proyecto de sentencia proponía validar la reforma, argumentando que el debido proceso judicial era suficiente para proteger el derecho a la vivienda.
La discusión no llegó a votarse. Colectivos de personas desalojadas se manifestaron afuera del máximo tribunal. Gritaron lo que no aparece en los expedientes: que una orden judicial no evita que una familia termine en la calle. La sesión se suspendió. El fallo quedó en pausa.
Mientras tanto, los desalojos siguen ocurriendo.
Las cifras que no aparecen en los discursos oficiales
Entre 2019 y 2024, en la Ciudad de México se ejecutaron más de 15 mil desalojos judiciales, conocidos oficialmente como “lanzamientos”. Solo en 2023 se registraron más de 3 mil 300. En 2024, la cifra superó los 2 mil 500.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó al menos 81 quejas formales por desalojos de vivienda entre 2023 y 2025. La mayoría se concentraron en alcaldías con alta presión inmobiliaria: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.
Paralelamente, el delito de despojo creció. Tan solo entre enero y mayo de 2025 se denunciaron más de mil 500 casos. Sin embargo, la restitución efectiva de viviendas es mínima: en 2024, de más de 3 mil 600 carpetas de investigación abiertas, apenas 60 inmuebles fueron devueltos a sus dueños.
Los números dibujan una ciudad donde perder la casa es cada vez más fácil, y recuperarla, casi imposible.
“No nos sacaron: nos borraron”
Rosa Martínez vivió 27 años en un edificio de la colonia Guerrero. Pagaba renta. Tenía recibos. Tenía testigos. Un día, el nuevo propietario inició un juicio. Nunca le ofrecieron mediación. Nunca le hablaron de alternativas.
“Llegaron con policías. Me dieron dos horas. Yo tenía a mi mamá enferma. No nos sacaron: nos borraron”, dice. Hoy vive en un cuarto prestado y sigue esperando que algún programa de vivienda la acepte.
En la Doctores, Luis y Mariana rentaban un departamento donde crecieron sus dos hijos. El edificio fue vendido. El juicio avanzó rápido. “El juez dijo que todo estaba en regla. ¿Y nuestra vida? Eso no entró en el expediente”, cuenta Luis.
Ambos casos tienen algo en común: hubo orden judicial, pero no hubo protección real.
Lo que dice el derecho internacional
La Organización de las Naciones Unidas es clara: un desalojo, incluso con orden judicial, puede ser ilegal si no cumple ciertas condiciones. Debe ser el último recurso. Debe garantizarse realojamiento adecuado. Debe evaluarse el impacto social. Nadie debe quedar en situación de calle.
Países como España, Alemania o Francia han incorporado estos criterios en sus leyes. En algunas ciudades europeas, los jueces pueden suspender desalojos si afectan a personas vulnerables o si el Estado no ofrece alternativas habitacionales.
En México, esos estándares existen en el papel internacional, pero no en la práctica local. El Artículo 60 reformado ya no obliga a cumplirlos.
No es desarrollo, es desplazamiento
Lo que ocurre en la Ciudad de México no es una suma de casos aislados. Es una política urbana de hechos consumados. El capital inmobiliario avanza. Las familias se repliegan. El Mundial acelera los tiempos.
Llamarlo “limpieza urbana” es un eufemismo. Llamarlo “desarrollo” es una mentira. Es gentrificación respaldada por el Estado. Es violencia institucional ejercida a través de juzgados, policías y silencios administrativos.
Una decisión pendiente, miles de vidas en suspenso
La Suprema Corte aún puede pronunciarse. Puede reconocer que reducir protecciones fue inconstitucional. Puede restituir el sentido original del derecho a la vivienda en la Ciudad de México.
Mientras no lo haga, el mensaje es claro: en esta ciudad, tener un techo ya no es un derecho garantizado, sino un privilegio frágil. Uno que puede desaparecer con un expediente, una firma y una patrulla afuera de tu casa.
Y eso, en cualquier democracia que se diga moderna, debería escandalizar.
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