México vs. SpaceX: Basura espacial desata conflicto ambiental y legal en el norte del país

 Fragmentos de cohetes de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, han sido hallados en playas mexicanas tras explosiones ocurridas en lanzamientos desde Texas, desatando una investigación federal y la posible apertura de un proceso legal por contaminación ambiental y afectaciones a comunidades y fauna marina.

El caso fue denunciado por Elías Ibarra, activista de Conibio Global, quien documentó la llegada de restos metálicos, plásticos y tanques presurizados a la costa de Matamoros, Tamaulipas, después de los fallidos vuelos de prueba del sistema Starship, los días 19 de noviembre de 2024 y 27 de mayo de 2025.

“Lo que para algunos es una proeza tecnológica, aquí se vive como un desastre ecológico”, declaró Ibarra, quien afirma haber encontrado hasta una tonelada de basura espacial en un tramo de 40 kilómetros de playa, incluyendo zonas de anidación de tortugas marinas. La organización ha invertido más de 25 mil dólares en tareas de limpieza y monitoreo, sin apoyo oficial ni respuesta directa de la empresa estadounidense.

Ante la presión mediática y ciudadana, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a diversas dependencias, incluida la SEMARNAT y la Agencia de Transformación Digital, a realizar peritajes técnicos sobre el impacto ambiental de los restos espaciales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ya ha realizado visitas en campo y recolectado evidencia.

SpaceX, por su parte, minimiza el riesgo ambiental. En un comunicado, sostuvo que los restos no son tóxicos y pidió al Gobierno mexicano la devolución del material, al considerarlo de su propiedad. La empresa también enfrentó otro incidente el pasado 18 de junio, cuando una explosión nocturna en su base en el río Bravo dejó daños en ranchos cercanos del lado mexicano, según testimonios.

En el plano legal, expertos en política espacial señalan que el marco internacional vigente —basado en tratados de 1967 y 1972— responsabiliza al Estado de lanzamiento, en este caso Estados Unidos, por los daños causados por objetos espaciales, incluso si provienen de actores privados. Sin embargo, no existen mecanismos vinculantes que obliguen directamente a empresas como SpaceX a responder por los perjuicios.

“El derecho espacial actual está desfasado frente a la actividad frenética de las empresas privadas en el cosmos”, afirma Alejandro Laurnagaray, investigador del Centro de Estudios de Política Internacional. Advierte que el aumento exponencial de lanzamientos y basura orbital podría generar una ola de litigios transfronterizos en los próximos años.

Aunque los daños aún no han sido oficialmente cuantificados, Ibarra advierte que las vibraciones de los lanzamientos han compactado la arena en las playas, impidiendo que las crías de tortuga emerjan de sus nidos. Sólo en junio, afirma, murieron al menos 300 ejemplares atrapados bajo tierra.

México evalúa llevar el caso por la vía diplomática o incluso arbitral, en medio de crecientes tensiones con el gobierno de Estados Unidos. El caso SpaceX podría sentar un precedente para futuras disputas sobre responsabilidad ambiental en el espacio, en una era donde las fronteras terrestres se ven superadas por los residuos de la carrera espacial privada.

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