#AsíLasCosas en EUA la resistencia migrante no se rinde, aunque la guerra contra ella se recrudezca

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025, su administración ha intensificado las políticas de deportación, con el objetivo declarado de alcanzar un millón de expulsiones en el primer año. Aunque esta meta ha sido cuestionada por expertos debido a desafíos logísticos y legales, se han registrado cifras significativas de deportaciones en los primeros meses del año.

Deportaciones por nacionalidad en 2025 (hasta abril)

Según datos recopilados por Statista y otros informes recientes, las deportaciones de ciudadanos latinoamericanos desde Estados Unidos en lo que va de 2025 se distribuyen de la siguiente manera:

México: 4,094 deportados
Honduras: 3,512 deportados
Guatemala: 2,980 deportados
El Salvador: 2,745 deportados
Cuba: 2,100 deportados
Venezuela: 1,950 deportados
Haití: 1,300 deportados

Con el regreso de Donald Trump a la escena política, la presión sobre los migrantes en Estados Unidos ha vuelto a escalar, incluso antes de que se celebren las elecciones. Las redadas, las detenciones arbitrarias y las deportaciones masivas se sienten de nuevo como una amenaza inminente. El actual gobierno ha mantenido ciertos programas humanitarios, pero también ha cedido terreno, endureciendo políticas en la frontera y reactivando discursos que criminalizan la migración. En este clima de incertidumbre, la resistencia migrante no solo sigue viva: se ha radicalizado, se ha organizado, y ha encontrado nuevas formas de luchar.

Una de las medidas más controvertidas ha sido la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación de más de 200 ciudadanos venezolanos, acusados sin pruebas sólidas de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. Esta ley, raramente utilizada en tiempos modernos, permite la detención y expulsión de ciudadanos de países con los que Estados Unidos está en guerra. Sin embargo, su aplicación en este contexto ha sido criticada por carecer de fundamento legal y por violar los derechos al debido proceso de los afectados.

Críticas y desafíos legales

Organizaciones como la ACLU han presentado recursos legales para frenar estas deportaciones, argumentando que se están llevando a cabo sin las garantías procesales necesarias. Además, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha intervenido en algunos casos, bloqueando temporalmente las expulsiones bajo esta ley hasta que se resuelvan los desafíos legales pendientes.

A nivel nacional, colectivos como Movimiento Cosecha han intensificado su militancia. Liderado por inmigrantes indocumentados, este grupo ha impulsado huelgas, boicots y marchas para exigir la legalización de los once millones de personas sin papeles que viven en el país. No piden caridad; exigen dignidad y justicia. “Estamos aquí y no nos vamos”, es su mantra. Muy cerca, desde las cortes de Nueva York, el Immigrant Defense Project trabaja para que ICE no siga usando las cortes como una trampa. Entrenan abogados, educan a comunidades, y se enfrentan a la deportación con el peso de la ley bien interpretada.

En las calles, Never Again Action —una red de judíos progresistas— ha hecho suyas las palabras “nunca más”. Bloquean oficinas de ICE, centros de detención y autopistas para denunciar que el sistema migratorio estadounidense opera con lógicas de crueldad institucionalizada. En la frontera entre California y México, organizaciones como Border Kindness no solo ofrecen refugio y atención médica, también documentan violaciones a derechos humanos y conectan a los migrantes con redes legales capaces de frenar una deportación exprés.

¿Se puede evitar la deportación?

Aun así, evitar la deportación no es sencillo. Las vías existen, pero cada vez son más estrechas. El asilo político sigue vigente para quienes logren demostrar un miedo creíble de persecución. La protección bajo la Convención Contra la Tortura puede ofrecer un camino para los casos más extremos. Otras opciones como el aplazamiento de deportación, el Estatus de Protección Temporal (TPS) o la defensa en cortes migratorias dependen, muchas veces, de tener acceso a abogados y a redes de apoyo que no siempre llegan a tiempo.

Y mientras todo esto ocurre, las historias personales se siguen escribiendo en silencio. Antes de morir, lo único que quería era que él estuviera a su lado. Y lo logró. Esta es solo una historia entre millones, no mejor, no peor. Solo propia. Quién le hubiera dicho que luchar por una causa justa le iba a salir tan caro. Quién que lograr el sueño de ser médico, al final de su vida, le iba a pasar una factura tan alta. Quién.

Salió de Cuba, pasó por España, y llegó a Miami con la esperanza de cerrar su vida con dignidad. Hoy, esperando finalmente la residencia, le han retirado todas las ayudas, incluida la pensión que ella —su esposa— le dejó. Duraron más de un año casados. Ella no quería que él pasara los últimos años de su vida en una isla desahuciada. Ahora él está solo, en un limbo legal, sostenido apenas por esa red invisible de solidaridad que aún persiste. Esa misma que resiste, que cuida, que organiza. Que no olvida.