Promesas en marcha, derechos en riesgo: el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum
- 28 abr
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Amnistía Internacional alerta: persisten crisis y riesgos en derechos humanos
A un año de haber asumido la presidencia, el balance de derechos humanos en México sigue marcado por la preocupación. De acuerdo con Amnistía Internacional, el país no ha registrado cambios estructurales suficientes para revertir una crisis arrastrada por décadas, caracterizada por violencia, impunidad y violaciones graves como la desaparición forzada y la tortura.
El informe señala que la problemática no solo persiste, sino que en algunos rubros se ha agravado. Entre los datos más alarmantes está el incremento en el número de personas desaparecidas, que ya supera las 133 mil, sin que exista una respuesta institucional eficaz para su búsqueda y esclarecimiento. La organización advierte que las políticas actuales no han logrado contener esta tendencia.
En materia de seguridad, el documento critica la continuidad del enfoque militar, una estrategia que —según el análisis— mantiene riesgos de violaciones a derechos humanos. A ello se suma la preocupación por posibles retrocesos en el ámbito institucional, como reformas que podrían debilitar la independencia judicial y el papel de organismos autónomos.
Otro de los focos de alerta es el espacio cívico. Amnistía documenta restricciones a la protesta, presiones hacia periodistas y organizaciones civiles, y un entorno que dificulta el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
La violencia contra grupos en situación de vulnerabilidad también se mantiene como una constante. Mujeres, personas LGBTQ+, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes continúan enfrentando altos niveles de discriminación y agresiones, en un contexto donde las políticas públicas resultan insuficientes para garantizar su protección.
Aunque el informe reconoce avances puntuales —como algunas medidas en favor de derechos de pueblos indígenas—, concluye que estos son limitados frente a la magnitud de la crisis.
El balance final es claro: más que una etapa de transformación, el primer año de gobierno refleja continuidad en los problemas estructurales y abre interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos en el país.
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