Lo que ha quedado a deber la Secretaría de las Mujeres

La dependencia creada para colocar a las mujeres en el centro de la agenda pública enfrenta cuestionamientos por su presupuesto, observaciones de auditoría y la ausencia de una estrategia visible frente a feminicidios y desapariciones.

Cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum transformó el Instituto Nacional de las Mujeres en la Secretaría de las Mujeres, la decisión fue presentada como un hito. Por primera vez, la agenda de igualdad de género, prevención de la violencia y derechos de las mujeres tendría rango de Secretaría de Estado.

La creación de la dependencia generó expectativas enormes. En un país donde persisten los feminicidios, las desapariciones, la violencia sexual, la desigualdad económica y la sobrecarga de trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres, la nueva institución parecía llamada a convertirse en una de las piezas centrales del gobierno.

A poco más de un año de su creación, sin embargo, la Secretaría enfrenta una pregunta inevitable: ¿ha logrado responder a los problemas más urgentes que viven las mujeres mexicanas o ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en construir su propia estructura institucional?

El paso de instituto a secretaría

La dependencia comenzó a operar en enero de 2025 bajo la dirección de Citlalli Hernández, una de las figuras más visibles del obradorismo y del feminismo dentro de Morena.

Su gestión duró alrededor de 15 meses. Durante ese periodo, la Secretaría impulsó proyectos como la Cartilla de Derechos de las Mujeres, la expansión de los Centros LIBRE para atención de víctimas de violencia y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, una de las principales apuestas del gobierno para redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados que históricamente realizan las mujeres sin remuneración.

La dependencia contó con un presupuesto cercano a los 2 mil millones de pesos y asumió la responsabilidad de coordinar acciones nacionales para promover la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia.

Sin embargo, mientras se construían nuevos programas, auditorías internas y externas comenzaron a documentar problemas básicos de funcionamiento.

Las auditorías que encendieron las alertas

Una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó que, hasta diciembre de 2025, la Secretaría de las Mujeres no contaba con mecanismos para verificar que el personal contratado para atender a mujeres víctimas de violencia en las entidades federativas estuviera libre de antecedentes penales o de violencia de género.

La observación afectaba particularmente a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), responsables de operar programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los estados.

La recomendación fue contundente: implementar mecanismos que acreditaran que quienes atienden a mujeres en situación de violencia no representaran un riesgo para ellas.

La dependencia tenía hasta febrero de 2026 para atender la observación.

No fue la única irregularidad.

Otra auditoría reveló que la Secretaría operaba sin Manual de Organización General ni Manual de Procedimientos vigentes, documentos esenciales para definir responsabilidades, procesos y mecanismos de actuación dentro de cualquier institución pública.

Aunque en marzo de 2026 se publicó el Manual de Organización General, hasta junio no existía evidencia pública de la publicación definitiva del Manual de Procedimientos.

También se identificaron inconsistencias en perfiles de puestos relacionados con áreas tecnológicas heredadas de la transición entre el antiguo Inmujeres y la nueva Secretaría.

Las observaciones reflejan una realidad compleja: mientras la dependencia buscaba convertirse en referente nacional de las políticas para las mujeres, todavía enfrentaba problemas de organización interna.

El tamaño del reto frente al tamaño del presupuesto

La Secretaría de las Mujeres nació con la responsabilidad de coordinar políticas dirigidas a más de 64 millones de mujeres mexicanas. Sin embargo, su capacidad financiera ha sido objeto de debate desde su creación.

Para 2025 contó con poco más de 2 mil millones de pesos. De esa bolsa dependen programas de prevención de la violencia, atención a víctimas, fortalecimiento institucional, difusión de derechos y el impulso al Sistema Nacional de Cuidados. Tan sólo para la red de Centros LIBRE se anunció una inversión cercana a los mil millones de pesos.

La cifra puede parecer considerable, pero adquiere otra dimensión cuando se compara con los desafíos que enfrenta el país. México continúa registrando cientos de feminicidios cada año, miles de mujeres permanecen desaparecidas, persisten amplias brechas salariales y millones de mujeres siguen absorbiendo la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados sin remuneración.

Diversas organizaciones feministas han advertido que elevar al Inmujeres al rango de Secretaría fue un avance institucional importante, pero sostienen que el verdadero compromiso del Estado se refleja en los recursos asignados y en la capacidad de ejecutar políticas efectivas.

La pregunta sigue abierta: ¿puede una dependencia con un presupuesto relativamente reducido coordinar una respuesta nacional frente a problemas estructurales tan complejos? Para algunos especialistas, la Secretaría nació con una misión mucho más grande que los recursos que le fueron asignados.

Los temas que siguen pendientes

Más allá de las observaciones administrativas, especialistas y organizaciones feministas han planteado cuestionamientos sobre las prioridades de la nueva Secretaría.

Uno de ellos tiene que ver con los feminicidios.

Aunque la institución no tiene facultades para investigar delitos —esa responsabilidad corresponde a las fiscalías— sí tiene el mandato de coordinar políticas de prevención, atención y seguimiento de la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, colectivos y académicas señalan que todavía no se percibe una estrategia nacional que coloque la crisis de feminicidios como uno de los ejes centrales de la acción gubernamental.

Otro tema es la brecha salarial de género.

Las mujeres mexicanas continúan enfrentando menores ingresos, menor participación laboral y una carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados.

La Secretaría ha apostado por el Sistema Nacional de Cuidados como una herramienta para reducir estas desigualdades, pero especialistas consideran que los resultados todavía son incipientes frente a la magnitud del problema.

La ausencia en la crisis de desapariciones

Quizá uno de los cuestionamientos más sensibles tiene que ver con la crisis de personas desaparecidas.

México registra más de cien mil personas desaparecidas y, paradójicamente, quienes encabezan gran parte de las búsquedas son mujeres: madres, esposas, hermanas e hijas que recorren fosas clandestinas, campos y carreteras para encontrar a sus familiares.

Pese a ello, durante la gestión de Citlalli Hernández no existe evidencia pública de una mesa permanente de trabajo con colectivos de madres buscadoras ni de una estrategia específica encabezada por la Secretaría para atender los riesgos que enfrentan estas mujeres.

Las reuniones de alto nivel con los colectivos fueron encabezadas principalmente por la Secretaría de Gobernación.

La situación resulta llamativa porque las madres buscadoras enfrentan problemas que claramente tienen una dimensión de género: amenazas, desplazamiento, violencia, criminalización y una profunda carga emocional y económica derivada de la búsqueda.

Para diversas organizaciones, la ausencia de una participación más visible de la Secretaría de las Mujeres en esta crisis representa una oportunidad perdida para colocar una perspectiva de género en uno de los dramas humanitarios más graves del país.

Una dependencia sin titular

La incertidumbre institucional aumentó cuando Citlalli Hernández dejó el cargo el 16 de abril de 2026.

Durante varias semanas la Secretaría permaneció sin titular formal y la operación quedó en manos de la subsecretaria Ingrid Gómez Saracíbar.

Fue hasta el 15 de junio cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento de Laura Itzel Castillo como nueva secretaria de las Mujeres.

Sin embargo, Castillo asumirá formalmente hasta septiembre, una vez concluido su periodo como presidenta del Senado.

La dependencia pasó así varios meses sin una conducción política definitiva, precisamente cuando debía consolidar su estructura y responder a las observaciones realizadas por los órganos de control.

El desafío de la segunda etapa

La creación de la Secretaría de las Mujeres fue una decisión histórica que elevó la agenda de género al más alto nivel institucional.

Sin embargo, el reto de una institución no se mide únicamente por su existencia, sino por su capacidad para transformar la realidad.

A poco más de un año de su nacimiento, la dependencia puede presumir programas, campañas y reformas, pero también carga con auditorías que evidencian debilidades administrativas, cuestionamientos sobre sus prioridades y dudas respecto a su papel frente a problemas tan graves como los feminicidios y la crisis de desapariciones.

La llegada de Laura Itzel Castillo abre una nueva etapa. La pregunta es si la Secretaría logrará convertirse en la institución que millones de mujeres necesitan o si quedará como una estructura con gran peso simbólico, pero con una influencia limitada sobre las violencias y desigualdades que prometió combatir.

Porque, al final, la medida de su éxito no estará en los discursos, ni en el rango administrativo que alcanzó, sino en su capacidad para responder a las mujeres que siguen buscando a sus desaparecidos, exigiendo justicia por los feminicidios, reclamando igualdad salarial y sosteniendo, muchas veces solas, el peso de los cuidados en México.