¿Por qué se reunió Claudia Sheinbaum con BlackRock? Pros y contras de abrirle la puerta al mayor fondo del mundo

La escena podría parecer una más en la agenda de cualquier jefe de Estado: reuniones con inversionistas, promesas de crecimiento, conversaciones sobre infraestructura. Pero el nombre detrás del encuentro —BlackRock— cambia el peso de la conversación. No es una empresa cualquiera. Es el mayor gestor de activos del mundo, con inversiones que atraviesan países, sectores y gobiernos de todos los signos políticos.

En los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió nuevamente con directivos del fondo, incluido su director ejecutivo, Larry Fink. No hubo anuncios espectaculares ni firma de acuerdos concretos, pero sí algo más relevante: la confirmación de que México busca atraer capital global para financiar su siguiente etapa de desarrollo, particularmente en infraestructura, energía y digitalización.

El acercamiento no es excepcional. Gobiernos de todo el mundo dialogan con BlackRock. Lo que sí resulta significativo es el momento. México intenta posicionarse como un destino clave para el nearshoring, ese reacomodo industrial que está moviendo fábricas de Asia hacia América del Norte. Para aprovecharlo, necesita dinero. Mucho dinero. Y ese dinero, en buena medida, está fuera.

Ahí comienza el dilema.

Porque el capital que hoy se busca no es neutral ni filantrópico. BlackRock no llega como aliado político ni como adversario ideológico. Llega como lo que es: un administrador de inversiones que responde a la lógica de rentabilidad. Invierte donde hay estabilidad, tamaño de mercado y posibilidad de retorno. Por eso está en Estados Unidos, en Europa, en Asia y también en mercados emergentes como México. Su presencia no distingue entre gobiernos de izquierda o derecha. Distingue entre oportunidades y riesgos.

Desde esa lógica, la reunión con el gobierno mexicano tiene una lectura más pragmática que conspirativa. Se habló de posibles inversiones en infraestructura, de esquemas mixtos entre Estado y privados, de digitalización económica y de cómo aprovechar el T-MEC en el contexto del nearshoring. Nada fuera de lo habitual en la relación entre un país que necesita capital y un fondo que busca dónde colocarlo.

Sin embargo, hay una capa menos visible en esta relación que rara vez aparece en los comunicados oficiales.

Cuando el financiamiento de proyectos estratégicos depende cada vez más de fondos globales, la capacidad de decisión del Estado comienza a moverse. No desaparece, pero se ajusta. Los proyectos tienen que ser rentables, previsibles, atractivos para inversionistas que operan a escala global. Eso implica reglas claras, estabilidad regulatoria y, muchas veces, condiciones diseñadas para reducir el riesgo financiero. En ese proceso, lo que se vuelve viable no siempre coincide con lo que es prioritario desde el punto de vista social.

No es una imposición directa. Es un desplazamiento más silencioso. La política pública empieza a dialogar con la lógica del mercado global.

A esto se suma otro elemento inevitable: el destino de las ganancias. Los recursos que entran al país para financiar obras, infraestructura o proyectos productivos no se quedan íntegramente en México. Una parte sustancial de los rendimientos regresa a los inversionistas que están detrás del fondo, dispersos en distintos países. Es el funcionamiento normal del sistema financiero internacional. México pone territorio, trabajo, recursos y condiciones; el capital obtiene retorno. La pregunta es si el intercambio resulta equilibrado.

En este punto es donde el debate se polariza. Hay quienes ven en estos movimientos una contradicción: un gobierno que se presenta como crítico del modelo neoliberal, pero que al mismo tiempo busca activamente el respaldo de uno de los mayores exponentes del capital financiero global. Otros lo interpretan como una adaptación pragmática a las condiciones actuales de la economía mundial, donde ningún país puede crecer sin integrarse a flujos de inversión internacional.

También hay narrativas más radicales que atribuyen a fondos como BlackRock una agenda política global, capaz de influir en gobiernos o de premiar y castigar actores económicos según su alineación ideológica. Estas lecturas, difundidas por figuras como Agustín Laje, no cuentan con evidencia sólida que las respalde de manera sistemática. Si bien BlackRock tiene una influencia económica considerable y promueve ciertos criterios de inversión —como los estándares ambientales o de gobernanza—, su comportamiento responde, ante todo, a incentivos financieros más que a proyectos políticos coordinados.

Algo similar ocurre con los conflictos internos. El caso de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, suele colocarse en este tipo de narrativas como prueba de una supuesta presión contra empresarios nacionales. Sin embargo, sus disputas con el gobierno tienen un origen específico, principalmente fiscal, y no hay evidencia de que formen parte de una estrategia vinculada a fondos internacionales.

Reducir el fenómeno a una conspiración global simplifica demasiado un proceso que, en realidad, es más estructural. México compite por atraer inversión en un entorno donde el capital se mueve con rapidez y donde las decisiones financieras pueden cambiar de dirección en cuestión de meses. Un fondo como BlackRock tiene la capacidad de retirar o redirigir recursos si las condiciones dejan de ser favorables. Un país, en cambio, no puede moverse de sí mismo. Ahí está la asimetría.

La relación, entonces, no es de subordinación automática ni de control absoluto, pero tampoco es completamente equilibrada. Es una negociación constante en la que el gobierno busca capital sin ceder demasiado, y el inversionista busca rentabilidad sin asumir riesgos excesivos.

En ese punto intermedio se juega buena parte del futuro económico del país.

Las reuniones, por sí solas, no determinan el rumbo. Lo que realmente importa es lo que se firme después, las condiciones que se establezcan y la capacidad del Estado para regular, supervisar y orientar esos recursos hacia objetivos que no se limiten al rendimiento financiero.

Porque el dinero que llega puede detonar crecimiento. Pero también redefine, poco a poco, quién decide cómo crece un país.