El costo social de la política en México en 2026

Cuando la política deja de ser discurso y se vuelve fila, bloqueo, miedo, trámite y deuda.

En 2026, los riesgos políticos de México ya no se perciben solo en los mercados, en los discursos oficiales o en los análisis de gabinete. Se sienten en la vida cotidiana: en el trámite que no avanza, en la carretera bloqueada, en el juez que no resuelve, en el empleo que no llega, en la empresa que se va, en el hospital sin recursos y en la colonia donde el Estado no entra.

La reforma al sistema electoral, por ejemplo, no se vive como una discusión técnica sobre atribuciones, sino como una pérdida de confianza. Para muchos ciudadanos significa la sensación de que su voto vale menos, de que las reglas cambian sin consulta y de que la competencia política se vuelve cada vez más desigual. Esa percepción erosiona la participación, alimenta el desencanto y fortalece la idea de que las decisiones ya no se toman con la gente, sino sobre la gente.

La renegociación de facto del T-MEC tampoco se queda en el plano diplomático. Se traduce en fábricas que frenan inversiones, en empresas que aplazan contrataciones, en empleos que no llegan o que se precarizan. Cada concesión, cada amenaza de represalia comercial, cada cambio en las reglas del juego se convierte en incertidumbre para trabajadores que viven al día y para regiones enteras que dependen del comercio con Estados Unidos.

La debilidad de la inversión privada tiene efectos visibles: obras que no arrancan, parques industriales que no se llenan, salarios que no suben y jóvenes que no encuentran opciones fuera de la informalidad o la migración. Lo que en los informes se llama “freno productivo”, en la realidad cotidiana es estancamiento social.

El aumento del intervencionismo estadounidense también tiene un eco interno. Activa discursos nacionalistas, polariza el debate público y convierte cualquier discusión sobre seguridad, migración o comercio en un campo minado político. Esto no fortalece la soberanía; la vuelve retórica, mientras los problemas de fondo siguen sin resolverse.

La conflictividad social es quizá la expresión más visible de este malestar. Bloqueos carreteros, tomas de oficinas, protestas permanentes y confrontaciones locales se han convertido en una forma casi normalizada de hacerse escuchar. La calle reemplaza al diálogo institucional porque muchos sectores sienten que no hay otro canal eficaz. Esto genera costos económicos, pero sobre todo fractura el tejido social y normaliza la confrontación como lenguaje político.

El deterioro de la relación entre el gobierno y el sector empresarial tampoco es un pleito entre élites. Cuando se rompe esa interlocución, se rompen también proyectos de inversión, cadenas de proveeduría y fuentes de empleo. Las consecuencias no se quedan en los consejos empresariales; llegan a las plantas, a los comercios, a las familias que dependen de ellos.

El nuevo Poder Judicial, en su intento por ser “más cercano”, ha terminado siendo para muchos más lento, más impredecible y más político. Eso se traduce en juicios que se alargan, en conflictos laborales o familiares que no se resuelven, en víctimas que no encuentran reparación y en ciudadanos que pierden la fe en la justicia como vía para resolver conflictos.

En muchas regiones, además, el Estado sigue sin ser la autoridad real. Donde mandan los grupos criminales, ellos regulan horarios, cobran cuotas, deciden quién puede trabajar, quién puede abrir un negocio y quién no puede vivir ahí. Eso no es solo un problema de seguridad: es un régimen social paralelo que impone miedo como forma de orden.

Las nuevas reformas fiscales, laborales y sectoriales, aunque buscan corregir desigualdades, llegan en un entorno tan inestable que generan más ansiedad que certeza. Para muchos trabajadores y pequeños empresarios, cada cambio normativo se percibe como un riesgo adicional en un terreno ya incierto.

Y mientras todo eso ocurre, Pemex sigue drenando recursos públicos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura social. Cada rescate financiero a la empresa es dinero que no llega a las clínicas, a las escuelas o al transporte público, y esa ausencia también se vive en lo cotidiano.

Así, en 2026, los riesgos políticos no son solo riesgos del sistema. Son riesgos para la vida: para la posibilidad de planear, de confiar, de invertir, de quedarse, de participar, de exigir y de esperar. La pregunta no es solo si México logrará sortear este cúmulo de tensiones, sino cuántas capas de desgaste social puede absorber antes de que el costo deje de ser invisible y se vuelva irreversible.