El agua dulce de las refresqueras: Chiapas, concesiones y una ley que vuelve a arder

En México, 133 mil millones de litros de agua son utilizados por la industria de comida ultraprocesada que además de provocar enfermedades crónicas ocasiona un grave daño al medio ambiente

Coca- Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo, Aga y otras empresas de productos chatarra extraen anualmente 133 mil millones de litros de agua para producir comida y bebida que no sólo afectan la salud de los consumidores sino que además provocan serios daños ambientales en México. Pero esta cifra podría ser superior debido a que la Comisión Nacional del Agua no suele supervisar de manera rigurosa la extracción incumpliendo con su capacidad fiscalizadora, según han denunciado activistas y expertos del tema.

Chiapas tiene sed

Chiapas

En Chiapas, el agua suena distinto. Gotea entre encinos, baja fría de la montaña, se cuela por las grietas de los barrios donde la gente carga cubetas desde temprano. Pero al otro lado de San Cristóbal de las Casas, esa misma agua corre hacia otra dirección: entra por una planta embotelladora de Coca-Cola que opera desde hace décadas con permisos federales. Concesiones que, en papel, son legales; en la vida cotidiana, son la línea más delgada entre la sed y el negocio.

La historia es vieja, pero el conflicto está más vivo que nunca. Y todo se reavivó justo ahora, mientras avanza en el Congreso la nueva Ley de Aguas —una reforma que promete acabar con privilegios “heredados” y ordenar el uso del recurso, pero que también enciende alarmas entre campesinos y comunidades que llevan años denunciando la desigual distribución del agua en el país.

El corazón del problema: quién tiene derecho a abrir la llave

Las refresqueras operan gracias a un régimen de concesiones que forma parte de la Ley de Aguas Nacionales. El sistema les permite extraer agua subterránea durante años. Coca-Cola, por ejemplo, cuenta con decenas de concesiones en México que le permiten extraer millones de metros cúbicos cada año. En Chiapas, esa extracción se siente: basta caminar por los barrios del sur de San Cristóbal para escuchar las mismas historias —pozos que bajaron de nivel, agua que llega turbia o no llega, tinacos llenos sólo con pipa comprada.

La escena más dura se repite desde hace años: familias que no tienen agua potable cargan botellas… de Coca-Cola. Es literal. Beber refresco puede salir más fácil —y mucho más barato— que conseguir agua limpia.

Mientras tanto, la planta opera sin sobresaltos: permisos en regla, descargas monitoreadas, compromisos de “neutralidad hídrica”, ese concepto corporativo que suena impecable en los reportes, aunque la comunidad nunca termina de ver el beneficio de regreso.

Voces que ya no quieren susurrar

La gente en Chiapas lo dice con sencillez: “No alcanza el agua, pero ellos sí pueden sacar todo lo que quieran”. No es rencor, es cansancio. No sólo contra Coca-Cola: Bonafont, PepsiCo, embotelladoras grandes y pequeñas forman parte del mismo esquema. Según datos compilados en el Congreso, las refresqueras obtuvieron, entre 1994 y 2022, decenas de miles de millones de litros de agua en concesiones.

Parecería que la ley protege más a quien embotella que a quien bebe.

La reforma que mueve el tablero

La nueva Ley de Aguas que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum busca impedir que las concesiones puedan venderse o heredarse como si fueran un accesorio de la tierra. Si la ley pasa tal como está, cualquier concesión tendría que regresar al Estado para ser redistribuida. En teoría, eso frenaría prácticas abusivas; en la práctica, también genera pánico en comunidades campesinas que han construido su economía alrededor del agua que corre por su parcela.

En medio de ese debate, el tema de las refresqueras vuelve a escalar. Activistas e investigadores insisten: si la reforma quiere demostrar algo, debe empezar revisando concesiones industriales en zonas que ya viven estrés hídrico. Y Chiapas está al frente de esa lista.

EMPRESAS DE PRODUCTOS CHATARRA EXTRAEN 133 MILLONES DE LITROS DE AGUA AL AÑO' DESECHAN MÁS DE 119 MIL MILLONES DE LITROS DESPUÉS DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES, AGUA SUCIA QUE REGRESA A CUENCAS Y ACUÍFEROS.

El espejo incómodo: un Estado que se queda corto

El conflicto no es sólo corporativo, también estatal. Mientras México intenta resolver tensiones internacionales por el incumplimiento del Tratado de Aguas y al mismo tiempo negociar bloques agrícolas descontentos, la pregunta de fondo permanece sin respuesta: ¿a quién se le debe garantizar primero el agua?

Las comunidades lo tienen claro. Las empresas, también. El Estado no.

El cierre: Chiapas como síntoma

San Cristóbal es el retrato más nítido de un país donde el agua se volvió disputa y mercancía. En un extremo, los barrios que almacenan lo que pueden. En el otro, las industrias que embotellan millones. El punto intermedio —la institucionalidad del agua— es justo lo que hoy está en discusión.

Lo que pase en los próximos meses con la Ley de Aguas dirá si México realmente está dispuesto a corregir un sistema que permitió que las refresqueras fueran, durante años, dueñas silenciosas del agua más pura de Chiapas.

Y mientras tanto, la gente sigue llenando cubetas. Eso no cambia.