Censura o regulación

Calladitos se ven más bonitos: las reformas que reavivan el fantasma de la censura

Las reformas a la  Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y plataformas digitales dividen al país. Mientras el gobierno asegura que modernizan el marco legal, especialistas y organizaciones advierten que podrían concentrar poder y abrir la puerta a restricciones a la libertad de expresión.*

¿Por qué hoy se habla de una "ley censura"?

"Censura" es una palabra que pesa. En las últimas semanas se ha convertido en uno de los términos más repetidos en redes sociales, medios de comunicación y organizaciones civiles para describir el nuevo paquete de reformas impulsado por el gobierno federal. Sin embargo, detrás de esa etiqueta hay un debate mucho más complejo: ¿México está aprobando leyes para censurar o simplemente está regulando el mundo digital?

La respuesta, por ahora, no es absoluta. Lo que existe es una reforma ya aprobada, otras normas aún por discutirse y una fuerte disputa sobre el alcance que podrían tener.

El cambio más importante: el Estado concentrará más facultades

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión modifica profundamente quién regula las telecomunicaciones en México.

Con la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), muchas de sus funciones pasarán a nuevas autoridades bajo la estructura del Poder Ejecutivo. Para el gobierno, esto permitirá agilizar decisiones, ampliar el acceso a internet y fortalecer la rectoría del Estado sobre un sector estratégico.

Quienes critican la reforma sostienen exactamente lo contrario: consideran que desaparece un contrapeso independiente y que el Ejecutivo acumulará facultades que antes estaban distribuidas en un órgano constitucional autónomo.

Más allá de la discusión política, este cambio representa una de las mayores transformaciones institucionales del sector en la última década.

El artículo que encendió las alarmas

Durante la discusión inicial de la iniciativa apareció un artículo que permitía ordenar el bloqueo temporal de plataformas digitales bajo determinadas circunstancias.

La reacción fue inmediata.

Organizaciones defensoras de derechos digitales, especialistas, universidades y organismos internacionales advirtieron que una herramienta así podía convertirse en un mecanismo de censura.

La presión fue suficiente para que ese artículo fuera retirado antes de la aprobación final.

Pero las dudas no desaparecieron.

El verdadero debate todavía no llega

Aunque la ley ya fue aprobada, buena parte de las reglas que determinarán cómo funcionará en la práctica todavía no existen.

El gobierno anunció que presentará la regulación secundaria en las próximas semanas. Es precisamente ahí donde se encuentra el centro de la discusión.

Especialistas advierten que los reglamentos pueden otorgar facultades administrativas muy amplias sin necesidad de modificar nuevamente la ley.

En otras palabras, el texto aprobado es apenas el primer paso.

Lo que dice el gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado categóricamente que exista intención de censurar.

Su postura es que la reforma busca actualizar un marco jurídico rezagado, ampliar la conectividad y ordenar un sector que ha cambiado radicalmente con el crecimiento de las plataformas digitales.

Desde el gobierno insisten en que la Constitución protege la libertad de expresión y que ninguna autoridad podrá eliminar opiniones críticas por razones políticas.

Lo que preocupa a especialistas

Las organizaciones civiles no afirman que hoy exista censura legal.

Su preocupación es distinta.

Alertan sobre tres riesgos principales:

* la concentración de facultades regulatorias en el Ejecutivo;

* conceptos jurídicos amplios que podrían interpretarse de manera discrecional;

* reglamentos futuros que permitan ordenar bloqueos o imponer obligaciones excesivas a plataformas digitales.

Por ello, consideran que el problema no es únicamente la ley publicada, sino todo lo que todavía falta por escribirse.

Un debate que no es exclusivo de México

La regulación de internet se discute en prácticamente todo el mundo.

La Unión Europea ha endurecido las obligaciones para plataformas digitales; Brasil mantiene una intensa discusión sobre el combate a la desinformación y Estados Unidos continúa enfrentando conflictos sobre la moderación de contenidos y el papel de las grandes empresas tecnológicas.

La diferencia es que, en México, esta conversación ocurre en un ambiente de alta polarización política, donde cualquier modificación regulatoria suele interpretarse como una disputa entre libertad y control.

¿Entonces habrá censura?

Hasta hoy, no existe una disposición legal que permita al gobierno cerrar medios de comunicación, eliminar publicaciones en redes sociales o censurar directamente opiniones por motivos políticos.

Sin embargo, tampoco puede afirmarse que el debate esté cerrado.

Las normas secundarias serán las que definan el verdadero alcance de las nuevas facultades regulatorias y, dependiendo de su contenido, podrían dar lugar a impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo que viene

Las próximas semanas serán decisivas.

El gobierno presentará la regulación pendiente y comenzará una nueva discusión entre autoridades, especialistas, empresas tecnológicas, organizaciones civiles y legisladores.

Será entonces cuando pueda saberse si México únicamente actualizó su legislación en telecomunicaciones o si, como advierten sus críticos, empezó a construir un modelo que permita un mayor control sobre el espacio digital.

La discusión ya dejó de ser exclusivamente técnica. Lo que está en juego es el equilibrio entre dos principios fundamentales de cualquier democracia: la capacidad del Estado para regular el entorno digital y el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente sin temor a que una autoridad decida qué puede decirse y qué debe desaparecer.

¿Cuándo?

La presidenta informó que las dará a conocer después del 19 de julio, por lo que aún no existe una fecha de discusión ni de votación. Primero deberán presentarse, pasar por comisiones y, si son reformas legales, ser votadas por ambas cámaras antes de publicarse en el Diario Oficial. Hasta entonces se conocerá su contenido definitivo.