Bimbo, Trump y el regreso del sentido común al comercio

Que una empresa como Bimbo tenga que ir a tribunales para pedir que le devuelvan dinero cobrado bajo tarifas inconstitucionales dice mucho del estado en que quedó el comercio internacional tras los años de trumpismo. No se trata solo de un pleito fiscal: es el síntoma de una etapa en la que la política comercial se usó como arma ideológica, sin demasiado respeto por las reglas ni por sus consecuencias económicas.

La demanda que Grupo Bimbo y sus filiales presentaron en Nueva York busca que se declare inconstitucional una serie de aranceles impuestos por Donald Trump bajo el argumento de “emergencias nacionales”. Esas tarifas —de hasta 25% para productos de México y Canadá y de 145% para importaciones desde China— no solo encarecieron insumos y distorsionaron cadenas productivas; también empujaron a las empresas a operar en un terreno de incertidumbre jurídica permanente.

Que la Corte de Comercio Internacional y una corte de apelaciones ya hayan determinado que el expresidente no tenía facultades para imponer aranceles generalizados es relevante no solo para Bimbo, sino para cientos de compañías que pagaron —calladas o resignadas— costos que ahora podrían ser considerados ilegales. El caso abre la puerta a una pregunta incómoda: ¿cuántas decisiones “de emergencia” fueron en realidad decisiones arbitrarias?

Para Bimbo, el reclamo es económico, sí, pero también simbólico. Es una empresa que ha construido su expansión global bajo reglas relativamente previsibles. Lo que está en juego no es solo el reembolso, sino la idea de que el comercio no puede depender del humor político de un solo hombre, por poderoso que sea.

El mensaje para otras empresas es claro: el tiempo de aceptar pasivamente medidas comerciales erráticas se está acabando. Hay margen legal para impugnar, para exigir certidumbre y para recordar que las reglas existen precisamente para evitar que el comercio se convierta en campo de batalla ideológica.

La pregunta de fondo es si este tipo de litigios marcará un punto de inflexión o si solo será una corrección menor después del daño hecho. Porque mientras los tribunales revisan, las empresas pagaron, los consumidores absorbieron los costos y las cadenas productivas se adaptaron a un mundo más caro y más frágil.

Que ahora se busque revertir eso es una buena noticia. Llega tarde, quizá, pero recuerda algo básico: la economía no debería gobernarse por decretos de excepción permanentes. Y el comercio, para funcionar, necesita menos épica política y más reglas claras