Fuero: la protección que ha frenado a la justicia y hoy vuelve a poner a Rocha Moya bajo los reflectores

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Durante décadas, el fuero ha sido una de las palabras más incómodas de la política mexicana. Nació como una protección para evitar que los funcionarios fueran perseguidos penalmente por razones políticas, pero en la práctica se convirtió también en un escudo que ha permitido a legisladores, gobernadores y otros servidores públicos enfrentar acusaciones sin tener que responder inmediatamente ante un juez.

Hoy el debate vuelve a estar sobre la mesa por Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien en las últimas horas protagonizó un episodio que llevó nuevamente el fuero al centro de la discusión: después de permanecer 112 días separado del cargo, regresó a la gubernatura el 21 de agosto y, apenas un día después, solicitó otra licencia por tiempo indefinido.

El movimiento ocurrió mientras Rocha enfrenta acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses. De acuerdo con la acusación citada por Reuters, fiscales de Estados Unidos lo señalan, junto con otros funcionarios, de haber colaborado con una facción del Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia ese país a cambio de sobornos y respaldo político. Rocha ha rechazado las acusaciones y las ha calificado de políticamente motivadas. México, por su parte, mantiene abierta una investigación interna.

La pregunta que ha quedado flotando es inevitable: ¿por qué era tan importante para Rocha volver a ser gobernador si ya tenía una licencia?

La respuesta pasa, en buena medida, por el fuero.

¿Qué es realmente el fuero?

Aunque en el lenguaje político se habla de “fuero”, la figura constitucional se conoce como declaración de procedencia. El artículo 111 de la Constitución establece un procedimiento especial para que determinados servidores públicos puedan ser sometidos a un proceso penal mientras ejercen el cargo.

No significa que el funcionario sea inocente. Tampoco significa que no pueda ser investigado.

Significa que, mientras mantiene determinadas funciones, existe una barrera procesal antes de que pueda ejercerse una acción penal en su contra en los términos previstos por la Constitución.

La lógica original es proteger la función pública frente a acusaciones utilizadas como arma política. El problema aparece cuando esa protección deja de ser un mecanismo institucional y se convierte en una forma de retrasar o impedir que un funcionario enfrente a la justicia.

Y la historia mexicana está llena de ejemplos.

El desafuero de AMLO: el caso que convirtió el fuero en un arma política

En 2005, Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, fue sometido a un proceso de desafuero por desacatar una resolución judicial relacionada con el predio de El Encino.

La Cámara de Diputados votó a favor de retirarle la inmunidad.

El episodio no terminó con una condena penal. Políticamente, ocurrió lo contrario: el desafuero convirtió a López Obrador en el protagonista de una disputa nacional sobre el uso político de las instituciones y terminó fortaleciendo su imagen rumbo a la elección presidencial de 2006.

Es uno de los ejemplos más claros de que el fuero puede retirarse, pero el procedimiento para hacerlo también puede convertirse en un campo de batalla política.

El caso Bejarano: cuando el fuero sí cayó

René Bejarano protagonizó en 2004 uno de los mayores escándalos políticos de la época, después de aparecer en videos recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada.

El entonces diputado local fue desaforado y posteriormente enfrentó un proceso penal.

Su caso es importante porque demuestra lo contrario de lo que suele suponerse: tener fuero no garantiza impunidad automática.

La protección puede ser retirada mediante el procedimiento correspondiente.

Godoy Toscano y la política llevada al límite

El caso de Julio César Godoy Toscano es quizá uno de los episodios más insólitos de la historia reciente del fuero.

En 2010, el diputado electo, acusado de tener vínculos con La Familia Michoacana, necesitaba rendir protesta como legislador.

Lo hizo después de ingresar a la Cámara de Diputados oculto en la cajuela de un automóvil.

Al rendir protesta obtuvo el fuero parlamentario.

El beneficio, sin embargo, duró poco: meses después fue desaforado.

El episodio dejó una imagen difícil de borrar: un político buscando llegar al recinto legislativo precisamente para adquirir la protección que le permitiera enfrentar una acusación penal desde una posición distinta.

Cabeza de Vaca: cuando el fuero se convirtió en una disputa entre poderes

El caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca llevó el problema a otro nivel.

En 2021, la Fiscalía General de la República solicitó su desafuero cuando era gobernador de Tamaulipas. La Cámara de Diputados aprobó retirarle la inmunidad.

Pero el Congreso de Tamaulipas sostuvo que el gobernador conservaba protección constitucional en el ámbito estatal.

La disputa llegó a la Suprema Corte.

El caso demostró que el fuero de un gobernador no siempre se resuelve simplemente con una votación de la Cámara federal: puede abrirse un conflicto entre el Congreso de la Unión y el Congreso estatal sobre quién tiene la última palabra.

Ese precedente es especialmente relevante para entender lo que ocurre ahora con Rocha Moya.

Cuauhtémoc Blanco y Alito Moreno: el fuero en la política contemporánea

En 2025, dos nombres volvieron a colocar el desafuero en el centro de la discusión: Cuauhtémoc Blanco y Alejandro Moreno.

En el caso de Blanco, la Cámara de Diputados rechazó retirar el fuero al entonces diputado federal, después de una solicitud relacionada con una acusación de intento de violación. El procedimiento generó una fuerte controversia política.

El caso de Alejandro Moreno, por su parte, arrastra desde 2022 una solicitud de desafuero promovida por la Fiscalía de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito durante su etapa como gobernador. El procedimiento ha permanecido durante años en la Cámara de Diputados y ha vuelto a ser utilizado como arma política entre Morena y el PRI.

En ambos casos aparece el mismo problema: la declaración de procedencia no depende exclusivamente de que exista una acusación penal; también depende de las mayorías políticas que controlan el Congreso.

El fuero como moneda de poder

Eso explica por qué el fuero mexicano ha sido tan polémico.

No es únicamente una figura jurídica. Es también una pieza del equilibrio político.

Un legislador puede tener protección mientras su partido tiene fuerza suficiente para impedir que avance un desafuero. Un gobernador puede enfrentar una disputa entre autoridades federales y estatales. Y un funcionario puede ganar tiempo mientras el expediente permanece en manos de una Cámara legislativa.

El problema es que la justicia puede terminar dependiendo de la aritmética parlamentaria.

Y ahí aparece nuevamente Rocha Moya.

Rocha: el regreso que reabrió el debate

Rocha había permanecido separado del cargo durante 112 días. El 21 de agosto anunció su regreso a la gubernatura.

La decisión provocó críticas dentro de Morena y un deslinde político de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó que un interés personal se colocara por encima del interés nacional.

Pero el episodio duró apenas unas horas.

El 22 de agosto, Rocha presentó una nueva solicitud de licencia temporal por tiempo indefinido.

La maniobra volvió a poner sobre la mesa una pregunta jurídica fundamental: ¿qué ocurre con el fuero de un gobernador cuando pide licencia?

Y aquí hay algo que debe quedar claro: no existe una respuesta tan sencilla como decir “pidió licencia, perdió automáticamente el fuero”.

Durante la primera licencia de Rocha hubo interpretaciones encontradas. Algunos especialistas sostuvieron que la Constitución de Sinaloa permitía conservar la protección; otros, entre ellos Arturo Zaldívar, argumentaron que la inmunidad protege la función y no a la persona que temporalmente deja de ejercerla.

El regreso de Rocha al cargo, por tanto, no puede analizarse únicamente como una decisión política. También abrió una discusión sobre cuándo existe y cuándo deja de existir la protección constitucional de un gobernador.

Diez nombres que explican la historia del fuero

La lista de casos emblemáticos incluye a:

Óscar Espinosa Villarreal, cuyo procedimiento quedó sin materia al dejar el cargo; René Bejarano, desaforado tras los videoescándalos; Andrés Manuel López Obrador, desaforado en 2005; Julio César Godoy Toscano, quien llegó a la Cámara para obtener fuero y posteriormente fue desaforado; Lucero Guadalupe Sánchez, desaforada en Sinaloa; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuyo caso provocó una disputa entre poderes federal y estatal; Uriel Carmona, cuya declaración de procedencia enfrentó resistencia en Morelos; Cuauhtémoc Blanco, cuyo desafuero no prosperó; Alejandro Moreno, cuyo expediente ha permanecido durante años en el Congreso; y ahora Rubén Rocha Moya, cuyo caso vuelve a poner sobre la mesa el alcance de la inmunidad de los gobernadores.

No todos estos personajes fueron “salvados por el fuero”. Esa afirmación sería jurídicamente incorrecta.

Algunos fueron desaforados. Otros fueron procesados. En otros casos el procedimiento quedó detenido, perdió materia o se convirtió en una disputa política.

Pero todos muestran algo en común: el fuero puede modificar radicalmente el momento y las condiciones en que un político enfrenta a la justicia.

¿Protección institucional o privilegio?

La pregunta de fondo es mucho más grande que Rocha.

Si el fuero nació para impedir que el poder político utilizara las acusaciones penales para eliminar adversarios, ¿en qué momento esa protección se convierte en privilegio?

México ha intentado responder a esa pregunta durante décadas.

Los casos se acumulan y el patrón se repite: una fiscalía acusa, un Congreso decide, un partido protege, otro exige desafuero y los tribunales terminan resolviendo los conflictos de competencia.

Mientras tanto, el ciudadano común no tiene una Cámara que vote antes de que pueda ser llevado ante un juez.

Por eso el caso Rocha Moya resulta tan significativo.

No se trata solamente de si un gobernador tiene o no tiene fuero. Se trata de si una democracia puede garantizar que una acusación penal sea investigada con independencia del cargo, del partido y de las mayorías legislativas.

El fuero no debería ser un salvoconducto.

Debería ser, en todo caso, una protección para el ejercicio de una función pública.

Y la diferencia entre ambas cosas —entre proteger el cargo y proteger al político— es precisamente la discusión que el caso Rocha Moya ha vuelto a poner frente a México.

Porque cuando la justicia necesita permiso de la política para avanzar, el problema ya no es solamente el fuero: es quién tiene realmente el poder.