#AsíLasCosas ¿Por qué AMLO se enfrentó a la Suprema Corte? El origen del choque por sus megaproyectos

anitzeld
5 jun
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La disputa entre López Obrador y la SCJN escaló tras los frenos legales a obras como el Tren Maya y el AIFA. ¿Qué hay detrás del conflicto?

La confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es nueva, pero alcanzó un punto álgido cuando el Poder Judicial comenzó a obstaculizar los principales megaproyectos del gobierno federal.

Entre los casos más relevantes está el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Estas obras, consideradas estratégicas por la administración de AMLO, enfrentaron suspensiones judiciales por presuntas violaciones a derechos humanos, impactos ambientales y falta de consulta a comunidades indígenas.

En respuesta, el Ejecutivo emitió en 2021 un decreto que catalogaba estos proyectos como de "seguridad nacional", con la intención de evitar demoras por recursos legales. Sin embargo, en mayo de 2023, la SCJN declaró inconstitucional dicho decreto, argumentando que violaba principios de transparencia y legalidad.

Desde entonces, el discurso presidencial se ha endurecido. AMLO ha acusado reiteradamente a los ministros de actuar en favor de intereses conservadores, proteger a élites económicas y frenar el desarrollo del país. Ha calificado a la Corte como una institución sin legitimidad democrática, y ha propuesto una reforma para que sus integrantes sean electos por voto popular.

Para el presidente, el Poder Judicial se ha convertido en un "supremo poder conservador"; para la Corte, se trata de ejercer su rol como contrapeso constitucional. El fondo del conflicto no es solo jurídico, sino político e ideológico: ¿hasta dónde puede llegar el Ejecutivo sin romper el marco legal?

¿Confrontación?

Desde una perspectiva legal, la Suprema Corte actuó conforme a sus facultades: revisar la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo y proteger los derechos colectivos, ambientales y de transparencia. Los jueces y ministros no frenaron las obras por capricho, sino por exigencias legales que el gobierno intentó sortear con decretos de dudosa constitucionalidad.

Por otro lado, para López Obrador, la urgencia de ejecutar sus proyectos obedecía a una visión de transformación que chocaba con los tiempos y límites del aparato judicial. En su narrativa, la SCJN no defendía la legalidad, sino los privilegios del viejo régimen.

¿Quién tenía razón?

Legalmente, la Corte. Políticamente, AMLO supo capitalizar el conflicto para fortalecer su discurso de polarización y su plan de reforma judicial. Pero en una democracia, el respeto a la ley es lo que garantiza que el poder no se desborde, sin importar quién gobierne.